La reciente resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá marca un punto de inflexión para México y su ansiada transformación de fondo. Al sobreseer y desechar siete controversias constitucionales interpuestas por autoridades locales de distintos poderes contra la reforma al Poder Judicial de la Federación, queda claro que la ley de supremacía está comenzando a rendir frutos. Este logro no es menor y nos recuerda que el país, en su mayoría, ha votado por un cambio profundo, estructural, y no por ajustes cosméticos que perpetúen las viejas prácticas.
La reforma judicial, que entró en vigor el pasado 1 de noviembre y que modificó los artículos 105 y 107 de la Constitución, finalmente pone orden en un país donde el uso de las controversias constitucionales se había convertido en una herramienta política para frenar avances. Ahora, al declarar improcedentes las acciones que buscan atacar las reformas constitucionales, se da un mensaje claro: los intereses particulares no pueden estar por encima de la voluntad de las mayorías.
¿Qué significa esto? Significa que la decisión de los mexicanos de avanzar hacia un verdadero Estado de Derecho está siendo respaldada por las instituciones. Es un avance tangible de la Cuarta Transformación, que busca poner fin a décadas de corrupción e impunidad que han mantenido a las élites intocables y a las reformas estructurales en el limbo.
No es casual que quienes intentan obstaculizar estas reformas provengan de sectores acostumbrados a defender el status quo. En este caso, los gobiernos y poderes judiciales de Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, y Jalisco, por mencionar algunos, han actuado como baluartes de intereses políticos opuestos al proyecto transformador de la 4T. ¿No es paradójico que quienes abogan por la legalidad sean los primeros en recurrir a tretas legales para mantener sus privilegios? La decisión de sobreseer estas controversias constitucionales, como la presentada por el exgobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirma que la Constitución no debe ser vulnerada para fines particulares.
Las controversias 307/2024 del Poder Judicial de Chihuahua y la 317/2024 de legisladores de Chihuahua, fueron desechadas por absurdas.
El acuerdo del ministro González Alcántara, basado en los artículos 19 y 20 de la ley reglamentaria, es una señal de que se acabaron los tiempos en los que las reformas eran cuestionadas a la ligera. La reforma judicial es esencial porque establece un nuevo equilibrio, garantizando que los jueces sean imparciales y no operen bajo la influencia de grupos políticos o económicos que buscan manipular la ley.
Además, aún queda pendiente una controversia presentada por la síndica municipal de Tangancícuaro, Michoacán, Elsa Zamora Chávez. Sin embargo, todo indica que este recurso también se resolverá en la misma línea que los anteriores, reafirmando el compromiso de la Corte con la estabilidad legal de las reformas de la 4T.
Es importante destacar que esta es una batalla legal que no ha terminado. Los sectores opositores no cederán fácilmente, y aún queda un camino por recorrer para consolidar estos cambios. Sin embargo, es alentador ver que las bases jurídicas están alineadas con la voluntad popular. México no puede permitirse seguir viviendo con un sistema judicial que responde a intereses que no representan al pueblo.
El pleno de la Corte ha sido testigo de esta lucha. Incluso el proyecto de González Alcántara, que buscaba resolver tres acciones de inconstitucionalidad del PAN, PRI y MC, quedó a un solo voto de obtener la mayoría calificada. Esto refleja las tensiones y las resistencias que aún persisten, pero también señala que la transformación sigue adelante, respaldada por el peso de la legalidad.
A medida que estas reformas sigan su curso, los mexicanos podrán ver que su decisión de apoyar la 4T fue más que un acto de fe. Fue un acto de esperanza por un país donde la justicia no es solo una palabra vacía, sino un principio que se aplica con firmeza. Porque en México, la transformación es más que un sueño; es una realidad en construcción, defendida y protegida por quienes creen en un futuro más justo y equitativo.
