Pos en los últimos meses, el estado de Chihuahua ha sido testigo de una preocupante ola de violencia que ha sacudido a sus comunidades.
Y es que los datos son alarmantes y ponen en tela de juicio la efectividad de la estrategia de combate a la inseguridad implementada por la actual administración.
Hace unos días el diputado Oscar Castrejón Rivas, de Morena, ha llevado esta preocupación al Congreso del Estado, enviando una serie de preguntas a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, exigiendo respuestas claras sobre su estrategia de seguridad y la continuidad del Fiscal General César Jáuregui Moreno.
Las cifras presentadas por Castrejón Rivas son contundentes. Según datos oficiales, en 2021 se registraron 2,739 homicidios dolosos en Chihuahua. En 2022, bajo la gestión del entonces fiscal Roberto Fierro Duarte, hubo una disminución significativa, con 2,157 homicidios, es decir, 600 casos menos que el año anterior. Sin embargo, en 2023, ya con César Jáuregui Moreno al frente de la Fiscalía General, el número de homicidios dolosos fue de 2,120, una reducción marginal de solo 37 casos comparado con el año anterior.
Resulta y resalta que este año, entre enero y el 17 de junio, se han contabilizado 922 homicidios dolosos, un aumento del 30% en comparación con los 711 homicidios registrados en el mismo período de 2023.
Estas cifras revelan una cruda realidad: los avances logrados en 2022 se han estancado y, en muchos casos, revertido. Además del incremento en homicidios, este año se han reportado siete masacres y la localización de seis fosas clandestinas en diversas regiones del estado, lo que agrava aún más la situación de inseguridad.
El diputado Castrejón Rivas ha planteado dos preguntas cruciales a la gobernadora Campos Galván, como por ejemplo, ¿con motivo del aumento de los índices delictivos en este semestre que va del 2024, piensa continuar igual en su plan de Gobierno en seguridad?, ¿Continuará con el mismo Titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y Fiscalía de zonas?
Estas preguntas son pertinentes y reflejan la preocupación de los ciudadanos que sienten que sus vidas están en riesgo y que las autoridades no están tomando medidas efectivas para protegerlos.
La reducción mínima en los homicidios y el incremento de otros delitos violentos indican una falla estructural en la estrategia de seguridad. La responsabilidad recae en el Fiscal General, César Jáuregui Moreno, cuya gestión ha demostrado ser ineficaz ante la creciente violencia.
La gobernadora Campos Galván debe responder con acciones contundentes. Mantener al mismo equipo de seguridad sin resultados tangibles solo perpetuará la desconfianza y el miedo entre los ciudadanos. Es imperativo revisar y, si es necesario, reestructurar la Fiscalía General para enfrentar de manera efectiva la crisis de violencia que azota a Chihuahua.
El Estado no puede permitirse seguir en este camino de inacción y respuestas mediocres. Los ciudadanos merecen un gobierno que garantice su seguridad y actúe con firmeza y responsabilidad. Es hora de que la gobernadora y su equipo den un paso al frente y demuestren que están comprometidos con la paz y la seguridad de Chihuahua.
