Pos en una maniobra que desafía los principios fundamentales de la justicia y la independencia del poder judicial, el Gobierno del Estado y el Poder Judicial esperaron a que pasaran las elecciones del 2 de julio para ordenar el retiro de la prisión preventiva del exgobernador César Duarte.
Este movimiento, pues, advertido por Redes Ciudadanas desde hace meses, fue calculado y estratégico, y nos expone la preocupante subordinación de las instituciones judiciales a los tiempos y conveniencias políticas.
Y es que en un acto que deja mucho que desear, la jueza de Control, Hortencia García Rodríguez, ordenó la liberación de Duarte mediante un oficio girado un día antes, sin convocar a una audiencia.
Resulta y resalta que basándose en que el plazo constitucional de dos años de prisión preventiva vencía el 5 de junio, Duarte dio sus primeros pasos para quedar libre, aunque el fiscal estatal, César Jáuregui, haya salido o intentado salir al quite para decir que los otros procesos siguen, bla, bla bla.
Este tipo de decisiones, decían ayer en las redes sociales, tomadas en la sombra y fuera del escrutinio público, son un claro indicio de cómo la justicia puede ser manipulada al antojo de los intereses políticos.
Es desconcertante que García Rodríguez, quien ha demostrado una lealtad preocupante hacia la gobernadora María Campos Galván, haya sido la encargada de este caso. Recordemos que esta misma jueza se negó a declinar un caso contra el exfiscal Francisco González Arredondo hasta que un Tribunal Colegiado se lo ordenó. ¿Estamos realmente confiando en un sistema judicial independiente o en uno que actúa bajo directrices políticas?, preguntaron ayer los morenistas en la ciudad de Chihuahua.
El contraste con la opinión de expertos en materia penal es evidente. Según ellos, pues, el límite de dos años de prisión preventiva puede superarse si el retardo en el proceso es atribuible a la defensa, como ha sido el caso con los abogados de Duarte. Sin embargo, este detalle crucial fue convenientemente ignorado en el trámite apresurado que resultó en su liberación.
La percepción pública no puede ser más clara: las decisiones judiciales en este caso parecen más una extensión de la maquinaria política que una aplicación imparcial de la ley. Y es que la justicia, que debería ser ciega e imparcial, aquí parece actuar con una visión clara y dirigida por conveniencias políticas. El hecho de que la liberación de Duarte se haya llevado a cabo justo después de las elecciones añade una capa de cinismo y desconfianza hacia nuestras instituciones.
El mensaje que se envía a la ciudadanía, pues, es devastador. La confianza en el sistema judicial se erosiona cuando se percibe que las decisiones se toman no por el mérito de los argumentos legales, sino por el calendario político. ¿Cómo puede la sociedad confiar en un sistema que se presta a tales manipulaciones?
Por eso somos los rompenueces.
