Pos es una verdadera bofetada a la justicia y al pueblo chihuahuense, que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, continúe gozando abiertamente, pues, de privilegios inmerecidos mientras enfrenta un proceso por delitos de corrupción. La reciente denuncia del diputado Óscar Castrejón Rivas en la Comisión Permanente del Congreso del Estado no solo resalta esta situación escandalosa, sino que también expone la complicidad del actual gobierno de María Eugenia Campos Galván en permitir que estas ventajas persistan.
El caso de Duarte es un recordatorio doloroso de cómo el poder y la corrupción pueden deformar el sistema judicial y dejar a los ciudadanos comunes en un estado de desesperanza. A pesar de estar en libertad bajo proceso, Duarte no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento. Por el contrario, se le ha visto pavoneándose en restaurantes de lujo y asistiendo a fiestas de cumpleaños de excolaboradores, todo esto mientras comparte sus lujos en redes sociales sin el menor atisbo de vergüenza.
Resulta y resalta que estas acciones son más que una simple demostración de riqueza y poder. Son una declaración de impunidad. Duarte parece enviar un mensaje claro a sus adversarios políticos y al pueblo chihuahuense: «Nada me va a pasar». La descarada ostentación de su estilo de vida, a pesar de tener cuatro años sin generar ingresos, es una afrenta directa a los ciudadanos que aún recuerdan vivamente los abusos de su gobierno.
Nomás hay que recordar que durante su mandato, Duarte convirtió el periodo de 2010 a 2016 en un verdadero festín de corrupción. Desde la manipulación del Poder Judicial al nombrar catorce nuevos magistrados para asegurarse el control, hasta el desdén con que trató a Marisela Escobedo cuando exigió justicia por el asesinato de su hija Rubí, los actos de Duarte están grabados en la memoria colectiva del pueblo de Chihuahua. Su construcción irregular de la Ciudad Judicial y la destrucción de parte del Palacio de Gobierno para construir un ostentoso balcón son ejemplos palpables de su soberbia y abuso de poder.
Pero lo más indignante, pues, es la protección que sigue recibiendo. Mientras la mayoría de los reos son llevados a hospitales públicos cuando enferman, Duarte disfrutaba de la atención en los hospitales más caros de la ciudad. Y aunque en prisión se le veía en silla de ruedas y aparentemente enfermo, hoy se pasea con total normalidad.
El encierro de cuatro años que pasó en la cárcel no ha servido para que el pueblo olvide los 65 millones de pesos que utilizó para comprar parte del Banco Progreso, una investigación que fue congelada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Tampoco ha hecho olvidar el accidente del helicóptero del Gobierno del Estado cuando desviaron su ruta para mostrar su rancho a la periodista Lolita Ayala.
Es crucial que no permitamos que estos actos de corrupción y abuso de poder se pierdan en el olvido. La memoria del pueblo chihuahuense es firme y clara. No podemos aceptar que alguien como César Duarte continúe disfrutando de una vida de lujos y privilegios mientras los ciudadanos comunes luchan por justicia y equidad.
La responsabilidad recae en el actual gobierno de María Eugenia Campos Galván para poner fin a estos privilegios y asegurarse de que Duarte enfrente las consecuencias de sus actos. La justicia debe prevalecer y el pueblo de Chihuahua merece ver que la corrupción no quedará impune.
La memoria colectiva es poderosa y debe ser la fuerza que impulse a nuestras instituciones a actuar con integridad y justicia. No dejemos que el poder y la corrupción silencien las voces y derechos de los chihuahuenses.
