Pos en el ajedrez político del gobierno de Maru Campos, las piezas se han movido estratégicamente para acomodar a personajes con vínculos cercanos a César Duarte, preparando el terreno para su liberación. La reciente actuación de la jueza Hortencia García Rodríguez, quien apenas unos días después de las elecciones, otorgó la libertad a Duarte, es un claro ejemplo de este entramado.
Hortencia García Rodríguez no es una jueza cualquiera. Su pareja sentimental, José Chávez, es compadre de Héctor Villasana Ramírez, el abogado principal de César Duarte. Este lazo cercano no es mera coincidencia; más bien, revela una red de conexiones que beneficia directamente al ex gobernador.
Resulta y resalta que José Chávez, hijo del exmagistrado presidente José Chávez Aragón, está vinculado a la defensa de Duarte y mantiene una relación estrecha con su abogado, Villasana Ramírez. Las recientes fotografías publicadas por la revista Imágenes de Chihuahua, que muestran a García Rodríguez y Villasana Ramírez en un evento social, subrayan la colusión entre estas figuras.
Y es que la conexión entre la jueza y el abogado defensor de Duarte pone en duda la imparcialidad de las decisiones judiciales en este caso. La presencia de García Rodríguez en un evento familiar junto a Villasana Ramírez refuerza las sospechas de que su liberación no fue el resultado de un proceso justo y transparente.
Resulta y resalta que en este contexto se vuelve aún más preocupante cuando se considera el historial de José Chávez Aragón, quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de 2004 a 2007. En 2011, Chávez Aragón fue señalado por recibir un pago de 400 mil pesos de César Duarte para resolver «una situación personal». Estos antecedentes sugieren un patrón de influencias y favores que benefician a Duarte y su círculo cercano.
La liberación de César Duarte no es un hecho aislado. En 2021, durante la audiencia de vinculación a proceso en contra de María Eugenia Campos Galván por el delito de cohecho, Chávez Aragón fue involucrado en el caso de la «nómina secreta». Esto refuerza la idea de que en el gobierno de Campos Galván se utilizan figuras judiciales para proteger a ciertos personajes y desacreditar investigaciones que puedan afectarles.
Hortencia García Rodríguez, la jueza que liberó a Duarte, también desempeñó un papel crucial en otros casos de alto perfil. Se negó a trasladar al ámbito federal el caso contra el ex fiscal Francisco González Arredondo, construido por la gobernadora Campos Galván, hasta que un Tribunal Colegiado se lo ordenó. Esto muestra un patrón de decisiones que favorecen al grupo político de Duarte y Campos.
Dicen muchos que las decisiones en el gobierno de Maru Campos parecen diseñadas para acomodar a personajes ligados a César Duarte, asegurando su protección y eventual liberación. Este rompecabezas de influencias y favores pone en entredicho la justicia en Chihuahua y revela una trama de colusión que beneficia a unos pocos a expensas del bien común.
Por eso somos los rompenueces.
