Pos, ¿qué creen? Ya sabemos que en Juárez, los bares que operan más allá del horario permitido son casi una postal urbana. Pero el caso del “Lupe Lupe” sobrepasa el límite de la tolerancia y se adentra en el territorio de la complicidad institucional. Resulta difícil creer que un establecimiento con denuncias de prostitución de menores, venta de drogas y presencia de personas armadas haya funcionado impunemente durante tanto tiempo sin que las autoridades estatales —esas mismas encargadas de revisar los antros— se dieran por enteradas.
Y es que no se trata de un hecho aislado. Las noches de Juárez, sobre todo las que comienzan en los bulevares de oriente, están marcadas por una dinámica que mezcla dinero, poder y miedo. Los reportes de cateos, clausuras simbólicas y reaperturas exprés son tan predecibles como el amanecer. ¿Cómo explicar que un bar, supuestamente cerrado por “operar fuera de horario”, vuelva a abrir en cuestión de días, a plena vista de todos, y sin que nadie del Gobierno del Estado se sonroje?
La respuesta más incómoda —y la más evidente— es la corrupción. Si los operadores del lugar sobornaban a funcionarios de Gobernación para mantenerse en pie, eso explicaría el silencio administrativo y la aparente ceguera de quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley. En este país, la impunidad suele tener precio, y el “Lupe Lupe” parece ser una de sus tantas sucursales.
Resulta y resalta que la versión oficial invita a presentar denuncias. Un gesto noble, sin duda, pero ingenuo si se considera que las propias denuncias ciudadanas anteriores fueron ignoradas o, peor aún, filtradas a los implicados. Según versiones, bastaba con levantar una queja para que en cuestión de horas los encargados del bar ya estuvieran enterados y actuaran para “limpiar” el lugar antes de cualquier inspección. Así, Gobernación llegaba tarde, cerraba por un día y aplicaba una multa risible, apenas el equivalente a lo que se recauda en una hora de consumo.
Esa cadena de omisiones, negligencia o franca complicidad no puede explicarse sólo como falta de personal o exceso de trabajo. Lo que se asoma es un sistema aceitado por la costumbre: funcionarios que miran hacia otro lado, inspectores que visitan sólo para saludar y un circuito de dinero que mantiene viva la farsa del control.
Si el “Lupe Lupe” se mantuvo abierto hasta las nueve de la mañana, con música, licor y presunta trata de menores, no fue por casualidad ni por un vacío de supervisión: fue porque alguien decidió permitirlo. Y ese “alguien” no está detrás de la barra ni entre los clientes, sino dentro de las oficinas donde se firman las clausuras y se sellan los compromisos de vigilancia.
El verdadero escándalo no es que existan lugares clandestinos; el verdadero escándalo es que sigan existiendo con la bendición tácita del Estado. Gobernación, encargada de vigilar, parece más bien un espectador cómodo en la trama que debería desmantelar. Y mientras la justicia se entretiene con comunicados y exhortos, los mismos bares volverán a encender sus luces esta noche, seguros de que el soborno —ese lubricante ancestral del poder local— seguirá siendo más eficaz que cualquier orden judicial.
Por eso somos los rompenueces.
