Pos, ¿qué creen? Por años, el jitomate mexicano ha sido el blanco favorito de los productores de Florida y, por extensión, de los gobiernos estadounidenses más inclinados al proteccionismo y la retórica punitiva. Hoy, con Donald Trump de nuevo en el poder, la ofensiva ha dejado de ser velada: el gobierno estadounidense ha desatado una embestida directa contra México disfrazada de defensa comercial.
Y es que la más reciente evidencia es brutal. Cuatro empresas mexicanas —Arturo Lomelí Villalobos SA de CV; Ranchos Los Pinos S de RL de CV; Agrícola Yory S de PR de RI y Eco-Cultivos SA de CV— enfrentarán una cuota compensatoria de 273.43% en sus exportaciones de jitomate hacia Estados Unidos. No se trata de un error de cálculo o una diferencia técnica. Es una decisión deliberada del Departamento de Comercio, que las acusa de no proporcionar información “suficiente y confiable” durante una auditoría relacionada con presunto dumping. Es decir, el gobierno estadounidense asumió el peor escenario posible para castigar con saña, sin ofrecer un margen razonable de defensa.
En contraste, otros exportadores que sí colaboraron obtuvieron cuotas menores. Uno de ellos, San Vicente Camalu, apenas recibió una cuota de 2.81%. Pero la lógica detrás del castigo a las otras empresas revela una voluntad de escalar un conflicto innecesario, y de usar tecnicismos legales para encubrir una decisión esencialmente política: golpear a México donde duele.
No es una medida comercial aislada ni un simple diferendo técnico. Es parte de una política de hostigamiento sistemático que Trump ya había desplegado durante su primer mandato y que ahora recrudece bajo la lógica de la revancha. En 2019, el entonces presidente detuvo en el último minuto un arancel de 17.5% contra el jitomate mexicano a cambio de un acuerdo con condiciones estrictas para los productores mexicanos: precios mínimos de exportación, inspecciones en frontera y más regulaciones. Y aun así, ahora que se ha demostrado que México cumple e incluso rebasa los precios acordados, el castigo arancelario reaparece con mayor virulencia.
Hasta mayo de 2025, los precios de exportación del jitomate mexicano eran significativamente superiores a los mínimos fijados en el acuerdo de 2019. Por ejemplo, el jitomate bola de campo abierto se exportaba a 0.99 dólares el kilo, muy por encima del mínimo de 0.68 dólares. Lo mismo con el jitomate roma, el grape y el cherry, cuyas exportaciones superaban hasta por más del doble el precio piso pactado. No hay evidencia de dumping. Lo que hay es una voluntad política de agredir.
Resulta y resalta que este castigo desproporcionado no sólo afecta a cuatro empresas: envía una señal de intimidación al conjunto del sector agrícola mexicano, que representa miles de empleos, sobre todo en estados del norte del país. Además, reaviva una disputa que lleva casi tres décadas latente. Pero ahora, con Trump de nuevo en la Casa Blanca, el conflicto no se libra únicamente en el ámbito comercial: se ha vuelto un símbolo de una relación binacional deteriorada, donde el trato igualitario ha sido reemplazado por una lógica de imposición unilateral.
Trump no disimula su desprecio por México. Su agenda está plagada de medidas coercitivas que van desde los muros físicos y legales hasta los aranceles como herramienta de chantaje. El jitomate es solo la fruta visible de un árbol podrido de nacionalismo económico y oportunismo electoral, que hoy vuelve a castigar a México no por lo que hace mal, sino por lo que hace bien: competir con calidad y eficiencia.
Frente a este escenario, México debe reaccionar con firmeza. No basta con enviar notas diplomáticas o expresar desacuerdo. Lo que está en juego es la dignidad económica del país. No podemos permitir que la política exterior de Estados Unidos se convierta, una vez más, en una plataforma de agresión selectiva contra nuestros sectores productivos.
El jitomate está bajo ataque. Pero el verdadero blanco es mucho más grande: es México mismo.
