Pos el Poder Judicial de la Federación (PJF) está atravesando por uno de los momentos más oscuros de su historia, y no porque haya tenido que enfrentar grandes retos para garantizar la justicia, sino porque, en su empeño por preservar sus privilegios, ha decidido posicionarse como un adversario de la democracia y del pueblo al que se supone que debe servir.
Ayer, el comité de evaluación del PJF optó por no acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenaba reiniciar el proceso de selección de candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio. En su lugar, prefirió dejar la decisión en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una jugada que no solo retrasa el avance de un proceso crucial para el país, sino que también desnuda la intención de seguir prolongando una élite judicial que se aferra al poder a toda costa.
Resulta irónico que aquellos encargados de hacer cumplir la ley y garantizar la justicia sean los primeros en ignorar las resoluciones de sus propios órganos internos cuando estas no se alinean con sus intereses. El comité de evaluación no solo se ha convertido en un obstáculo, sino en un símbolo de todo lo que está mal en un sistema que privilegia el poder y la comodidad por encima del bienestar de la nación.
Resulta y resalta que la excusa de que existen “órdenes contradictorias” entre los juzgados de Michoacán y Jalisco y el fallo del tribunal electoral es poco convincente. La realidad es que el Poder Judicial ha encontrado en las lagunas legales y los tecnicismos una herramienta para perpetuar su inercia y evitar cambios profundos. Al día de hoy, el proceso lleva 18 días detenido, dejando a mil 53 aspirantes a jueces y magistrados en el limbo, mientras los plazos para entregar listas de candidatos al Senado se vuelven cada vez más apremiantes.
Este retraso no es casualidad; es una táctica. Es el resultado de un Poder Judicial que, lejos de aceptar las demandas de una sociedad que clama por transparencia, justicia y equidad, ha decidido resistir y mantener su estatus de casta privilegiada. Un Poder Judicial que prefiere atrincherarse en su torre de marfil antes que permitir que los jueces sean elegidos por el pueblo.
Porque ahí está el verdadero miedo: que la ciudadanía tome las riendas. La propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular ha despertado pánico entre aquellos que han gozado de un sistema diseñado para protegerlos. Saben que, bajo la mirada del pueblo, no habría lugar para componendas, nepotismo ni corrupción. Saben que un juez electo por la ciudadanía tendría que rendir cuentas y actuar con verdadero sentido de justicia.
Afortunadamente, el reloj está corriendo, y el tiempo de esta élite judicial se agota. En agosto próximo, muchos de los que hoy se resisten a los cambios dejarán sus cargos, abriendo la puerta a una nueva etapa en la historia del Poder Judicial. La elección de jueces por voto popular no solo es deseable, es inevitable.
El pueblo ha hablado, y la Cuarta Transformación ha dejado claro que no permitirá que instituciones como el PJF sigan actuando como una fuerza opositora al progreso. Las maniobras dilatorias, los amparos a modo y las resistencias internas solo están logrando acelerar su caída.
Es hora de que el Poder Judicial entienda que su papel no es defender privilegios ni servir como bastión de la oposición, sino garantizar el acceso a la justicia para todos los mexicanos. No más excusas, no más maniobras políticas. El pueblo merece jueces que trabajen por ellos, no por intereses propios.
