Pos el Poder Judicial se encuentra en una encrucijada, y cada día se hace más evidente que no habrá marcha atrás en la reforma que busca transformar profundamente la manera en que se imparte justicia en México. El reciente paro de labores, que mantuvo inactiva a gran parte del aparato judicial durante 47 días, no solo fracasó en su objetivo de detener el proceso de cambio, sino que dejó al descubierto una clara resistencia a las transformaciones necesarias para construir un sistema más justo y transparente.
Y es que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tomó una decisión trascendental: con cuatro votos a favor, se aprobó enviar las listas de plazas vacantes de jueces y magistrados para que sean cubiertas mediante elección popular en 2025, dando un paso clave hacia la democratización del Poder Judicial. Esta resolución, avalada por los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Sergio Javier Molina Martínez, representa una aceptación tácita de que la reforma es inevitable y de que las resistencias internas no podrán frenarla.
Ansina que el contexto de esta decisión es revelador, pues. Durante la sesión del pleno, que se extendió por unas siete horas, la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez votaron en contra de entregar la información al Senado. No obstante, la mayoría se impuso, y la lista, que incluye 132 plazas vacantes además de las que se generen por jubilaciones anticipadas, será utilizada como base para las futuras elecciones populares de jueces y magistrados en el marco de la reforma judicial.
El mensaje que se envía al país es claro: el Poder Judicial se alinea, de forma gradual pero firme, con los cambios que la sociedad mexicana exige. Las resistencias, por más enérgicas que sean, parecen destinadas a fracasar. El paro de labores, promovido por una parte del gremio judicial como una forma de mostrar su rechazo a la reforma, ha sido en vano. No solo no logró detener el proceso, sino que evidenció, ante la opinión pública, que existen sectores dentro del Poder Judicial que se oponen a la democratización y a la transformación.
Resulta y resalta que el paro de labores, lejos de fortalecer su causa, desnudó una realidad incómoda: algunos actores dentro del Poder Judicial no están dispuestos a ceder sus privilegios, ni a someterse a un escrutinio más amplio, que incluya la evaluación ciudadana. Su estrategia de resistencia, basada en la paralización del sistema y el amparo en suspensiones judiciales, no logró más que aumentar la acumulación de trabajo en los tribunales y generar malestar entre los ciudadanos, que vieron frenadas sus demandas de justicia durante casi dos meses.
El resultado de este conflicto es que el paro, en lugar de frenar la reforma, ha consolidado la postura del gobierno y de las instituciones encargadas de la transformación. En las filas de los defensores de la reforma, la aprobación de la entrega de la información para el voto popular en 2025 se percibe como una victoria. La ministra Norma Piña, junto con los consejeros Montalvo y López Benítez, intentaron frenar esta decisión, pero se encontraron con una mayoría que, alineada con el espíritu de la reforma, decidió avanzar.
Este paso abre la puerta no solo a la elección popular de jueces y magistrados, sino también a un cambio más profundo en la estructura misma del Poder Judicial. La desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, que ha sido propuesta como parte de la reforma, y la creación de un nuevo órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina, son indicativos de que las transformaciones irán mucho más allá de la mera elección de impartidores de justicia. Lo que se busca es un sistema judicial que responda a las demandas de un país que exige mayor transparencia, imparcialidad y eficacia en la administración de justicia.
Durante los debates, algunos consejeros argumentaron que la entrega de la información violaba suspensiones otorgadas por juzgados de distrito. Sin embargo, los defensores de la reforma, encabezados por Bátiz, Maya y De Gyvés, recordaron que lo establecido en la Constitución debe cumplirse y no puede estar sujeto a interpretaciones ilegales o a decisiones judiciales que vayan en contra del mandato constitucional.
Por otro lado, el pleno del CJF también aprobó una lista de respuestas a los planteamientos del pliego petitorio de los trabajadores judiciales inconformes. En una decisión unánime, se acordó el retorno a las actividades laborales y el desahogo gradual del trabajo acumulado. Esto pone fin a un paro que, lejos de obtener resultados favorables para sus promotores, demostró ser un error estratégico.
La transformación del Poder Judicial avanza, y no hay vuelta atrás. Los sectores que se resisten a ella han perdido fuerza y legitimidad frente a una ciudadanía que, cansada de la corrupción y la impunidad, exige un sistema de justicia que esté a la altura de sus demandas. El paro de labores fue, en última instancia, una demostración de que algunos jueces y magistrados están dispuestos a defender un estatus quo que beneficia a unos pocos, pero no al país en su conjunto.
La reforma al Poder Judicial es uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Con esta decisión del CJF, se sientan las bases para un nuevo modelo de justicia en el que los jueces y magistrados serán elegidos por el pueblo, y en el que la transparencia y la rendición de cuentas serán normas obligatorias. La resistencia al cambio ha quedado al descubierto, pero su fracaso también ha quedado demostrado. La transformación del país sigue su curso, y el Poder Judicial no será la excepción.
