Pos, ¿qué creen? Resulta que en medio de las cifras diarias que saturan la agenda pública, hay una que debería cimbrar los cimientos de la sociedad mexicana: casi el 37 por ciento de los estudiantes de educación básica viven con sobrepeso u obesidad. Es decir, más de uno de cada tres niños carga a cuestas un riesgo silencioso que compromete su salud presente y futura.
Este dato, revelado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no debería pasar como una estadística más. Es un grito de auxilio colectivo que nos llama, a todos —Gobierno, sociedad, familias, escuelas y medios— a actuar sin evasivas. Lo que está en juego no es sólo la talla o el peso de una generación, sino la posibilidad misma de que tengan una vida larga y saludable.
El programa Vive Saludable, implementado por la SEP y el IMSS, ha tamizado a casi 4 millones de estudiantes entre marzo y julio. De ellos, casi dos millones fueron referidos a una unidad de salud por su exceso de peso. ¿Cómo no alarmarse si este problema no sólo crece, sino que lo hace con la edad? El 33 por ciento de los niños de primer grado tiene sobrepeso, pero para sexto grado la cifra escala hasta el 45 por ciento.
Y es que el diagnóstico no deja lugar a dudas: los hábitos alimenticios de nuestra infancia están descompuestos. No es un tema de voluntad individual o de una “mala educación” en casa. Es un entorno estructural de pobreza alimentaria, de publicidad invasiva, de comida chatarra accesible y barata, y de una cultura sedentaria promovida por la tecnología y la violencia que ha restringido los espacios públicos para el juego y el ejercicio.
Afortunadamente, hay acciones que comienzan a marcar el rumbo correcto. La prohibición de vender productos chatarra en los planteles escolares ya es efectiva en el 86 por ciento de las escuelas. Este solo dato muestra que sí se puede cambiar el entorno alimentario infantil si hay voluntad política. Pero también nos recuerda que la escuela no puede hacerlo todo.
Resulta y resalta que es indispensable que las familias cuenten con apoyo e información clara. El acceso a alimentos frescos, la capacitación a madres y padres, así como la creación de espacios seguros para la actividad física, deben convertirse en políticas públicas urgentes, no en promesas a futuro. El Estado tiene la responsabilidad, pero también la sociedad debe asumir su papel: dejar de normalizar el refresco en la mesa, la merienda con frituras y la vida sin movimiento.
El sobrepeso y la obesidad no son una moda ni una carga estética. Son enfermedades que generan otras: diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y hasta cáncer. Las niñas y niños que hoy están en riesgo son los adultos que, en pocos años, colapsarán un sistema de salud que ya es frágil.
Es hora de tratar esta epidemia como lo que es: una emergencia nacional de salud pública. No basta con datos, hacen falta decisiones valientes, consistentes y coordinadas. Porque si no intercedemos ahora, el costo social y humano será impagable.
