Pos la transformación del Poder Judicial avanza de manera firme, pues, buscando consolidar un sistema más democrático y cercano al pueblo, alejado de los intereses de los partidos políticos. Este proceso, que inició con la reforma judicial, abre la puerta a una renovación histórica que busca terminar con los vicios de un sistema elitista, corrupto y alejado de las mayorías. Como bien afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, estamos ante una oportunidad única para construir un nuevo sistema judicial que represente verdaderamente a la sociedad y no a las cúpulas de poder.
Y es que una de las grandes novedades que ha traído esta reforma es el hecho de que los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal (PJF) serán elegidos por el voto popular a partir de 2025. Este paso no solo es un acto de justicia democrática, sino una clara señal de que el poder judicial debe estar al servicio de la gente y no al servicio de los intereses de los poderosos. La participación del Senado en este proceso, a través de un sorteo para definir las 850 plazas que estarán en juego en los comicios, es un ejemplo claro de cómo se está construyendo un nuevo modelo judicial más transparente y equitativo.
Este fin de semana, el sorteo, que tuvo lugar en el salón de plenos del Senado, marcó un hito en la historia judicial del país. De las 850 plazas disponibles, 711 fueron definidas a través de este mecanismo, mientras que las 139 restantes quedarán pendientes para la elección del año próximo. La transparencia del proceso, con urnas visibles y esferas numeradas que fueron sacadas por legisladoras de la Cuarta Transformación, dejó en claro que se está avanzando hacia un poder judicial más incluyente y participativo.
Pero, que conste, la elección por sorteo no es más que el inicio de un proceso más amplio. La verdadera transformación del PJF comenzará en junio de 2025, cuando los ciudadanos puedan ejercer su derecho a votar por quienes serán los encargados de impartir justicia en el país. Se trata de un cambio sin precedentes, no solo en México, sino en el mundo, donde las decisiones judiciales serán tomadas por jueces y magistrados elegidos directamente por el pueblo, y no designados por las élites políticas.
La implementación de esta reforma también pone fin a la meritocracia judicial que, durante décadas, ha sido utilizada como excusa para mantener un sistema jerárquico y excluyente. Las juezas, jueces y magistrados que durante años se sintieron intocables por su trayectoria, ahora deberán demostrar su capacidad y compromiso con la sociedad si desean mantener sus puestos. Esto es un golpe certero a la corrupción y a las prácticas discriminatorias que habían sido toleradas en el sistema judicial.
El sorteo de las plazas judiciales, pues, que algunos compararon con una sesión de la Lotería Nacional, es una prueba más de que el poder judicial está siendo sometido a una reestructuración profunda. No se trata de un simple ajuste técnico, sino de una transformación integral que busca hacer del PJF una institución verdaderamente democrática, sensible a las necesidades de la ciudadanía y con vocación de servicio.
Resulta y resalta que uno de los aspectos más interesantes de este proceso es que, a pesar de los retos que representa, el Senado ha logrado avanzar de manera coordinada con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para garantizar que las plazas vacantes se llenen de manera ordenada y transparente. El hecho de que los números nones se renueven en 2025 y los pares en 2027 asegura una transición escalonada que permitirá al sistema judicial adaptarse a los cambios sin perder su operatividad.
Este tipo de reformas no solo son necesarias, sino urgentes. El sistema judicial en México ha sido durante mucho tiempo una barrera para el acceso a la justicia de las clases más vulnerables. Con esta reforma, se abre la puerta a un poder judicial que no solo será más eficiente, sino también más justo y accesible para todos. La inclusión de juezas embarazadas y lactantes en el proceso, respetando sus derechos laborales, es un ejemplo de cómo esta reforma también busca ser más inclusiva y sensible a las necesidades de sus integrantes.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue claro, pues, al señalar que estamos ante un proceso electoral sin precedentes a nivel mundial. La elección de jueces, magistrados y ministros por el voto universal, secreto y directo es un modelo que no existe en ninguna otra nación. Esto coloca a México a la vanguardia en términos de democratización del poder judicial, y envía un mensaje claro: la justicia no debe ser un privilegio de unos cuantos, sino un derecho de todos.
Ansina es entonces, que la reforma judicial representa un avance significativo hacia un México más justo y democrático. El hecho de que los ciudadanos puedan elegir a sus jueces y magistrados es un logro histórico que marcará un antes y un después en el sistema judicial del país. La tómbola fue solo el primer paso; ahora toca a la sociedad hacer valer su voz y decidir quiénes serán los encargados de impartir justicia en los próximos años.
