Pos, ¿qué creen? México no necesita de enemigos cuando tiene como vecino a Estados Unidos. La relación entre ambos países siempre ha estado marcada por tensiones, intereses divergentes y una constante presión del gobierno estadounidense para doblegar la soberanía mexicana en favor de su agenda económica. Ahora, el presidente Donald Trump, a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), ha encontrado un nuevo pretexto para arremeter contra México: una serie de barreras no arancelarias que, según su gobierno, afectan las exportaciones de su país.
Cada año, la USTR elabora un informe detallando las barreras comerciales que enfrentan los exportadores estadounidenses, pero en esta ocasión, la Estimación Nacional de Comercio (NTE) para 2025 parece una declaración de guerra comercial disfrazada de preocupación por la equidad en el comercio bilateral. En la lista de quejas aparecen desde deficiencias aduanales y retrasos en registros sanitarios, hasta la negativa de permisos para la importación de glifosato, la falta de competencia en telecomunicaciones y los privilegios otorgados a empresas estatales de energía.
Y es que el documento acusa a México de realizar cambios en procedimientos aduaneros con poca antelación y de aplicar regulaciones de manera inconsistente en distintos puntos fronterizos. También insiste en que la Ley Aduanera mexicana, que limita la operación de un agente aduanal a cuatro puertos si no forma parte de una agencia aduanal, es una restricción arbitraria y una violación del T-MEC. En otras palabras, el gobierno estadounidense exige una modificación legal para que sus agentes aduanales puedan operar libremente en territorio mexicano, en un claro intento de influir en la legislación interna del país.
Por otro lado, el informe cuestiona los retrasos en los registros sanitarios y permisos de importación de dispositivos médicos y productos farmacéuticos, señalando que los tiempos de espera en México oscilan entre 18 y 24 meses. Lo que no dice el documento es que estas demoras responden a una serie de reformas y revisiones regulatorias destinadas a garantizar la calidad y seguridad de los productos que ingresan al mercado mexicano.
El tema del glifosato, sin embargo, es una de las principales banderas de Estados Unidos en esta ofensiva comercial. La USTR denuncia que México ha rechazado permisos de importación de productos que contienen este herbicida sin ofrecer evidencia científica que justifique su decisión. Pero la realidad es que el gobierno mexicano ha seguido una estrategia preventiva basada en estudios que alertan sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente. El decreto que estableció la eliminación gradual del glifosato para 2024 es una medida soberana que responde a un interés público, no a un capricho proteccionista.
En el sector de telecomunicaciones, el informe señala que, a pesar de las reformas estructurales implementadas entre 2013 y 2014, la competencia sigue siendo un problema debido al dominio del proveedor histórico del mercado. Se acusa a México de mantener costos elevados para el espectro radioeléctrico, afectando a los operadores estadounidenses. Sin embargo, omite mencionar que estos costos responden a un esquema de recaudación diseñado para equilibrar la competencia y evitar la concentración del mercado en unas cuantas manos, como ha sucedido en otros sectores.
El informe también critica la política energética de México, acusando al gobierno de privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre las empresas privadas. Desde la perspectiva de la USTR, las empresas estadounidenses han enfrentado barreras injustificadas para participar en el sector, incluyendo retrasos en la aprobación de permisos y falta de respuesta a solicitudes de operación. En otras palabras, Estados Unidos exige que México abra su mercado energético sin restricciones, ignorando que el fortalecimiento de las empresas estatales es una estrategia para recuperar la soberanía energética y evitar la dependencia de corporaciones extranjeras.
Lo que está en juego en esta disputa no es solo el comercio, sino el derecho de México a tomar decisiones soberanas en materia económica, regulatoria y ambiental. La administración de Trump ha demostrado una y otra vez su intención de presionar a México para que ceda ante sus intereses, utilizando cualquier argumento a su disposición. En este caso, la narrativa de las «barreras comerciales» es una estrategia para justificar futuras represalias económicas y obligar a México a modificar sus leyes y regulaciones en favor de los exportadores estadounidenses.
Resulta y resalta que México debe mantenerse firme en la defensa de sus intereses. No se trata de cerrar el comercio ni de generar conflictos innecesarios, sino de establecer relaciones comerciales en términos justos y equitativos. Si Estados Unidos realmente busca un comercio libre y justo, debe respetar las decisiones soberanas de su vecino en lugar de intentar dictar sus políticas a conveniencia. México no necesita enemigos externos cuando tiene un «socio» que constantemente intenta imponer su voluntad sin considerar las consecuencias para el país.
Por eso somos los rompenueces.
