“Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, empresa y poder económico puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular”: Pablo Gómez Álvarez.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López presentó este jueves la iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral, que plantea modificar 18 artículos constitucionales y sustituir el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Esto es lo que propone el gobierno:
Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.
Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.
Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.
Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.
Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.
Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.
Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales y reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.
Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.
