Redacción
El Gobierno de Estados Unidos demandó este lunes a Adobe y acusó al fabricante de Photoshop y Acrobat de perjudicar a los consumidores al ocultar elevadas tarifas de cancelación en su plan de suscripción más popular y dificultar la anulación de suscripciones.
En una demanda presentada en el tribunal federal de San José, California, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) dijo que Adobe oculta en letra pequeña las tarifas, que a veces alcanzan cientos de dólares, y otros términos importantes de su plan de suscripción «anual pagado mensualmente», o detrás de cuadros de texto e hipervínculos.
Según la denuncia, Adobe calcula las tarifas por cancelación anticipada como el 50% de los pagos restantes cuando los consumidores cancelan en su primer año.
La FTC también dijo que Adobe obliga a los suscriptores que desean cancelar en línea a navegar innecesariamente a través de numerosas páginas, mientras que aquellos que cancelan por teléfono a menudo se desconectan, se ven obligados a repetir lo mismo a varios representantes y encuentran «resistencia y demora» por parte de esos representantes.
Dos ejecutivos de Adobe también están acusados: David Wadhwani, presidente de negocios de medios digitales, y Maninder Sawhney, vicepresidente senior de ventas digitales.
Adobe atrapó a los clientes en suscripciones de un año mediante tarifas ocultas por cancelación anticipada y numerosos obstáculos de cancelación», dijo en un comunicado Samuel Levine, director de la oficina de protección al consumidor de la FTC.
Adobe, con sede en San José, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. En diciembre dijo que había estado cooperando con una investigación de la FTC sobre sus modelos de suscripción.
Las suscripciones representaron 4,920 millones de dólares, o el 95%, de los 5,180 millones de dólares de ingresos de Adobe en el trimestre que finalizó el 1 de marzo.
La FTC acusó a Adobe de violar la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea, una ley federal de 2010 que prohíbe a los comerciantes imponer cargos, incluso por renovaciones automáticas de suscripciones, a menos que revelen claramente los términos materiales y obtengan el consentimiento informado de los consumidores.
