Pos, ¿qué creen? Por fin, el Estado mexicano ha logrado un triunfo que, aunque simbólico frente a décadas de impunidad, representa una victoria jurídica, política y moral: un tribunal en Miami ha sentenciado a Genaro García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares al gobierno mexicano, como compensación por el saqueo al erario que ambos encabezaron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es un golpe seco al corazón de la corrupción institucionalizada que marcó a México en los años de la “guerra contra el narco”.
Resulta y resalta que este fallo es resultado de una denuncia presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual documentó con precisión quirúrgica una red de empresas fachada, triangulaciones millonarias y paraísos fiscales que sirvieron para lavar dinero público disfrazado de contratos de seguridad. La cifra es escandalosa: casi 750 millones de dólares desfalcados por García Luna y cómplices mediante 30 contratos ilegales, que ahora deberán restituirse al triple, como estipula la ley del estado de Florida. ¿Qué le dice esto al país? Que sí se puede perseguir a los corruptos, incluso más allá de nuestras fronteras.
Pero no nos engañemos: este no es el fin, es apenas el inicio. Porque si García Luna fue la mano derecha, el estratega en la sombra, Felipe Calderón fue el autor intelectual del desastre. El presidente que puso a cargo de la seguridad nacional a un hombre hoy condenado por narcotráfico. El que justificó cada decisión con un discurso de legalidad mientras su gobierno se hundía en la complicidad con el crimen organizado. Y hoy, mientras García Luna enfrenta un futuro entre rejas y su familia deberá responder por cada dólar robado, Calderón continúa dando conferencias en Europa y defendiendo lo indefendible.
Este caso abre una puerta que no se puede cerrar: la posibilidad real de que los expresidentes también rindan cuentas, no solo ante la historia, sino ante la justicia. ¿Por qué nadie ha investigado aún las órdenes que salieron de Los Pinos? ¿Por qué el sistema sigue protegiendo a Calderón con un silencio que ya es cómplice?
La sentencia de la jueza Lisa Walsh no solo reconoce el robo, sino que manda un mensaje: el dinero sí se puede rastrear y recuperar, incluso cuando está oculto tras una maraña de testaferros y paraísos fiscales. Y aunque hasta ahora solo se han recuperado 2.8 millones de dólares (menos del 0.4 % del monto original), lo importante es que el proceso de ejecución ya está en marcha. Cada cuenta, cada propiedad, cada empresa fantasma deberá ser investigada. Ya no hay escondite posible para los que saquearon a México.
Y es que este es un momento histórico, ya que por primera vez, uno de los hombres más poderosos del sexenio calderonista ha sido derrotado por el Estado mexicano en los tribunales. Y no se trata de venganza, sino de justicia. De hacer que la ley alcance también a los de cuello blanco, a los que usaron su posición pública para enriquecerse obscenamente mientras el país se desangraba.
Hoy celebramos este logro con la conciencia de que la impunidad no ha sido derrotada, pero sí herida. Y la herida deberá profundizarse hasta llegar al verdadero responsable: Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de la guerra sucia, el de las fosas comunes, el de las cifras maquilladas, el del pacto de silencio.
México ha ganado una batalla. Falta la guerra contra el olvido. Y esa no se libra en los tribunales, sino en la memoria colectiva.
