Pos la noticia de la sentencia de Genaro García Luna a 38 años de prisión en Estados Unidos marca un cierre definitivo a uno de los capítulos más oscuros de la seguridad en México. Este personaje, quien fuera el todopoderoso secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue pieza clave en la estrategia de militarización que devastó a Ciudad Juárez entre 2008 y 2011, cuando la ciudad fronteriza vivió una de las peores crisis de violencia en su historia reciente.
Para los juarenses, la figura de García Luna es sinónimo de un periodo de terror que dejó cicatrices imborrables. Aunque él no apretó el gatillo, como bien señaló el juez federal Brian Cogan durante la sentencia, su rol como facilitador de la violencia fue determinante para que cárteles como el de Sinaloa impusieran su control a sangre y fuego en la región. De hecho, el juez lo comparó directamente con Joaquín «El Chapo» Guzmán, lo que deja claro que su responsabilidad no fue menor. Mientras Guzmán ordenaba asesinatos y consolidaba su poder en el bajo mundo, García Luna hacía lo propio desde las altas esferas gubernamentales, facilitando la operación del narcotráfico bajo una fachada de combate al crimen.
Ciudad Juárez fue el epicentro de esa guerra sucia. Entre 2008 y 2011, la ciudad quedó atrapada en una batalla brutal entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, con las fuerzas federales actuando más como espectadoras que como protectoras. La estrategia del «Operativo Conjunto Chihuahua», impulsada por García Luna, consistió en militarizar la zona bajo la premisa de recuperar la seguridad. El resultado, sin embargo, fue el opuesto: la tasa de homicidios se disparó y la ciudad alcanzó un récord de asesinatos que posicionaron a Juárez como la urbe más peligrosa del mundo.
Y es que entre las víctimas no solo se cuentan los caídos en combate entre cárteles, sino también miles de civiles inocentes que quedaron en medio de una guerra ajena. Familias completas desplazadas, jóvenes reclutados por el narcotráfico, y una generación que creció bajo el temor constante de perder la vida al salir de casa. Ese es el verdadero legado de García Luna en Ciudad Juárez.
Resulta y resalta, pues, que la sentencia emitida en Estados Unidos viene a cerrar un ciclo de impunidad que se extendió durante más de una década. A pesar de las múltiples acusaciones que existían en su contra, durante su tiempo como secretario de Seguridad Pública, García Luna siempre gozó de la protección política del gobierno de Calderón y de las élites empresariales y mediáticas que lo respaldaban. Se presentaba como el héroe de la guerra contra el narcotráfico, mientras, en la sombra, tejía alianzas con los mismos grupos criminales que decía combatir.
El juez Cogan fue enfático en señalar que García Luna traicionó la confianza de su país, engañando no solo a los ciudadanos mexicanos, sino también a los estadounidenses, permitiendo la importación de millones de kilogramos de drogas a través de las fronteras. Pero para los juarenses, su traición es aún más personal. Bajo su mandato, la violencia no solo se incrementó; la vida en la frontera cambió para siempre. Comercios cerraron, las calles quedaron vacías al caer la noche, y la economía local sufrió un colapso del que aún hoy lucha por recuperarse.
Resulta paradójico que el hombre que alguna vez representó la mano dura del gobierno contra el crimen, hoy sea juzgado en el mismo tribunal que condenó a los grandes capos del narcotráfico. Para Ciudad Juárez, García Luna no es diferente de «El Chapo» o «El Mayo» Zambada; todos ellos son responsables de la sangre derramada en sus calles. Su sentencia es un pequeño paso hacia la justicia, pero no devuelve las vidas perdidas ni borra el dolor de una ciudad que fue abandonada por sus propios protectores.
Al final, la imagen que queda de García Luna es la de un hombre que vivió una doble vida. Por un lado, el funcionario condecorado, que aparecía en los medios de comunicación como el salvador de la patria. Por otro, el cómplice del narcotráfico, que permitió la expansión de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Como dijo el juez, tal vez él mismo creía en su versión de «héroe», pero los hechos son contundentes: su complicidad con el crimen organizado arruinó la vida de miles de personas.
La sentencia de 38 años no puede borrar el daño causado a Ciudad Juárez, pero envía un mensaje claro a aquellos que, como García Luna, creen que pueden usar sus posiciones de poder para beneficiar a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Hoy, el exsecretario de Seguridad Pública enfrenta las consecuencias de sus actos, y aunque su defensa ya ha anunciado que impugnará la sentencia, la justicia ha dado un paso crucial para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México.
