Pos, ¿qué creen? La historia del huachicol en México no solo se cuenta en ductos perforados ni en tomas clandestinas. También existe otra ruta más sofisticada, menos visible para la opinión pública, pero igual de dañina para el Estado: el huachicol fiscal. Y es en este terreno donde el gobierno de la Cuarta Transformación podría dar algunos de los golpes más espectaculares contra la delincuencia de cuello blanco.
Y es que Claudia Sheinbaum Pardo fue clara al asegurar que no hay presión de Estados Unidos para investigar el caso. Esa versión, promovida desde sectores adversos al proyecto de la 4T, busca deslegitimar una investigación que comenzó meses atrás, cuando se detectó la importación ilegal de diésel desde territorio estadounidense. A partir de ese hallazgo, la madeja comenzó a desenredarse: una bodega, pedimentos falsificados, empresarios implicados y, para sorpresa de muchos, incluso elementos de la Marina involucrados.
La presidenta explicó que este caso no fue tema de conversación en su encuentro con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. El mensaje es claro: la lucha contra el contrabando de combustible es una decisión soberana, inscrita en el acuerdo bilateral de cooperación, sí, pero asumida desde el interés nacional. No es una imposición extranjera, sino una estrategia propia para cortar de raíz un negocio multimillonario que erosiona las finanzas públicas y fortalece estructuras del crimen organizado.
El fiscal Alejandro Gertz Manero recordó que las pesquisas tienen al menos dos años de antigüedad, cuando el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, denunció a sus propios sobrinos por estar vinculados al negocio ilegal. Es decir, hablamos de una red que, lejos de ser un asunto aislado, revela cómo el contrabando de combustibles logró permear distintos niveles de poder y hasta estructuras castrenses.
Resulta y resalta que que la Marina haya pedido la intervención de la Fiscalía General de la República es un dato fundamental: implica que la propia institución reconoció la infiltración de sus filas y decidió dar un paso al frente. No es un gesto menor en un país donde, durante décadas, el silencio cómplice fue la regla y no la excepción.
La presidenta adelantó que habrá más detenciones. Ese anuncio no debe leerse como una frase retórica para ganar titulares, sino como una advertencia que sacudirá a grupos empresariales, operadores políticos y funcionarios que durante años se beneficiaron de un esquema fraudulento. El huachicol fiscal no es solo un delito económico: es también una cadena de complicidades que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Si en el sexenio de López Obrador el combate al robo de combustible significó cerrar la llave a los cárteles que se enriquecían perforando ductos, ahora con Sheinbaum la apuesta parece dirigirse a otro frente: los despachos aduanales, los permisos simulados, las empresas fachada y los funcionarios corruptos que hacían posible el contrabando legalizado en papeles, pero profundamente ilegal en los hechos.
Este es un campo de batalla distinto, más silencioso, pero igual de estratégico. No veremos explosiones en los ductos ni enfrentamientos en carreteras, pero sí podremos atestiguar juicios, congelamiento de cuentas y la exposición pública de quienes se creían intocables. Ese será, sin duda, un golpe político de enorme calado: mostrar que la corrupción no solo se combate en las calles, sino también en las oficinas alfombradas donde se diseñan fraudes millonarios.
La pregunta de fondo es si la sociedad mexicana está preparada para conocer hasta dónde llegaban esas redes de protección. Porque si algo ha demostrado la 4T es que la corrupción no distingue uniformes ni apellidos. Si la investigación avanza, veremos nombres que incomodarán a más de uno, y será entonces cuando la narrativa del combate al huachicol adquiera una nueva dimensión: la de enfrentar la delincuencia organizada en sus versiones más sofisticadas.
La promesa de “otras detenciones” abre la puerta a un capítulo que puede convertirse en emblema del nuevo gobierno. En su cumplimiento se juega no solo la credibilidad de las instituciones, sino la posibilidad de que México, al fin, empiece a desmontar los pactos de impunidad que durante años permitieron que el contrabando de combustible, con todo y su disfraz fiscal, se convirtiera en uno de los negocios más rentables del crimen económico.
Por eso somos los rompenueces.
