El gobierno de Chihuahua fue la primera de las administraciones estatales que se oponen a los nuevos libros de texto gratuitos, en recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la distribución de estos materiales didácticos, mediante una controversia constitucional.
El juicio constitucional fue enviado al máximo tribunal desde el viernes pasado por Yadira Anette Gramer Quiñonez, titular de la Consejería Jurídica del gobierno que encabeza María Eugenia Campos Galván, militante del Partido Acción Nacional (PAN).
La demanda quedó registrada con el número 400/2023, pero aún no se informa a qué ministro tocará en turno su análisis, para decidir si es o no admitida a trámite.
El gobierno de Chihuahua reclama las posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, lo cual, argumenta, incidiría en su obligación constitucional de garantizar una educación pública y de calidad para los habitantes de esa entidad.
Entre las autoridades señaladas como responsables de estas posibles violaciones, la controversia menciona a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, la subsecretaría de Educación Básica, al de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, y de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.
Es posible que la demanda contenga una petición de suspensión, la cual, según los criterios de la Corte, tratándose de controversias constitucionales solo puede otorgarse si la medida cautelar no afecta la seguridad o la economía nacionales, ni las instituciones fundamentales el orden jurídico, y previene violaciones a derechos humanos.
Aún si se concediera la suspensión, el ministro a cargo del asunto tendría que evaluar si esta medida cautelar tendría aplicación para todo el territorio nacional o únicamente para Chihuahua.
