Pos en la política de Chihuahua, la justicia parece moverse en un ciclo perpetuo de persecución entre gobernantes. Lo que comenzó como una cruzada anticorrupción liderada por Javier Corral Jurado contra su predecesor, César Duarte Jáquez, ha dado un giro inquietante: ahora es el propio Corral quien se encuentra en la mira de la ley, con la actual gobernadora, Maru Campos, aparentemente detrás de su enjuiciamiento.
Durante su mandato como gobernador, Javier Corral se convirtió en el símbolo de la lucha contra la corrupción en Chihuahua, al orquestar la captura y el proceso penal contra César Duarte, acusado de desviar millones de pesos del erario público. La campaña contra Duarte fue vista como un hito en la política mexicana, un ejemplo de que la justicia podía alcanzar incluso a aquellos que alguna vez ocuparon las más altas esferas del poder. Corral se presentó como un defensor de la legalidad y la transparencia, ganándose el respeto de muchos, pero también acumulando enemigos.
El tiempo, sin embargo, ha demostrado que la política es un juego de poder en el que las lealtades son volubles y las vendettas son comunes. Tras concluir su mandato, Corral pasó de ser el perseguidor a convertirse en el perseguido. La llegada de Maru Campos al poder marcó un nuevo capítulo en esta historia. Campos, quien fuera aliada de Duarte y posteriormente una feroz crítica de Corral, ha utilizado las mismas herramientas legales que alguna vez aplaudió cuando se emplearon contra Duarte, pero esta vez para enfrentar a Corral.
La reciente escena en un restaurante de la colonia Roma en la Ciudad de México, donde agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral por presuntos delitos de peculado y corrupción, es solo la última muestra de este círculo vicioso. La intervención de Ulises Lara, fiscal general de la CDMX, que permitió la salida de Corral del lugar, solo añade un matiz más turbio a la situación, mostrando que la justicia puede ser manipulada dependiendo de quién tenga el control en ese momento.
No es de extrañar que muchos vean en este proceso una revancha política más que un genuino esfuerzo por impartir justicia. Corral, quien en su momento fue el héroe que encarceló a Duarte, ahora se enfrenta a acusaciones de corrupción y peculado, con Campos aparentemente en el papel de justiciera. ¿Pero es justicia lo que se busca, o es simplemente un ajuste de cuentas?
Y es que las acusaciones contra Corral son graves: enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, y ahora peculado. Pero el hecho de que estas denuncias surjan justo cuando su rival política asume el poder, levanta sospechas sobre la imparcialidad del proceso. ¿Estamos presenciando la caída de un político corrupto, o simplemente el siguiente acto en la interminable obra de teatro de la política mexicana, donde cada gobernante usa el poder judicial como arma contra sus enemigos?
El caso de Corral es un recordatorio sombrío de que, en la política de Chihuahua y en México en general, la justicia a menudo es menos una cuestión de legalidad que de conveniencia política. Los ciudadanos, atrapados en este juego de poder, quedan como simples espectadores de una justicia que parece nunca alcanzar su verdadero propósito: la imparcialidad y la equidad. Mientras la justicia siga siendo utilizada como un instrumento de revancha, el ciclo de corrupción y persecución en Chihuahua, y en todo México, continuará sin cesar.
