El general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, durante los hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, continuará su proceso en libertad.
El juzgado segundo de distrito de procesos penales con sede en Toluca, estado de México, le retiró la prisión preventiva que le dictó en julio pasado, al acatar una sentencia de amparo.
Fuentes judiciales señalaron que el pasado 20 de agosto, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo celebró la audiencia donde le cambio la medida cautelar por ser inconvencional.
Además, argumentaron que la Fiscalía General de la República (FGR), no logró justificar la necesidad de cautela en contra del general.
Como medidas cautelares, la impartidora de justicia le impuso a Hernández Nieto que acuda a firmar cada quince días y sometimiento a la Unidad de Revisión de Medidas Cautelares; la entrega de su pasaporte y visa vigente; la prohibición de salir del país y estado de residencia (Puebla) sin aviso previo, y la restricción de acercarse a testigos y/o víctimas, Además el pago de una garantía de 50 mil pesos.
El general en retiro Rafael Hernández Nieto fue detenido el 6 de julio en su domicilio de la calle Topacio, colonia Villa Posadas, de la capital poblana, por agentes de la Policía Federal Ministerial de FGR, en cumplimiento de una orden judicial, para que respondiera a los cargos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
La captura del general Hernández y otros 15 militares fue ordenada desde principios de junio de este año por la misma jueza segunda de distrito con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien señaló que los indicios aportados por el Ministerio Público Federal advierten acciones y omisiones de mandos superiores y medios de los batallones 41 y 27, ambos destacamentados en Iguala, que permitieron la captura de los estudiantes por parte de grupos de crimen organizado y su consecuente desaparición.
Todos son acusados por su posible responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
