Pos, ¿qué creen? Uno de los datos más reveladores del más recuente informe del INEGI sobre pobreza multidimensional quizá no haya recibido la atención suficiente: durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la pobreza en la población indígena disminuyó 9.5 por ciento. En números concretos, medio millón de indígenas lograron salir de esa condición que parecía inamovible. Más aún: la pobreza extrema también cedió, pasando de 3.2 millones de personas en 2018 a 2.9 millones en 2024.
En un país acostumbrado a ver cifras inerciales —a veces casi resignadas— en torno a la marginación de sus pueblos originarios, estos números no son menores. Significan que, aunque el reto siga siendo monumental, hay señales de que los programas de la Cuarta Transformación han logrado mover la aguja en uno de los sectores más históricamente relegados de México.
Y es que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha sido claro al subrayar las causas de esta mejora: el incremento de los ingresos en los hogares indígenas. De hecho, el porcentaje de quienes no podían cubrir siquiera sus necesidades alimentarias bajó de 36.2% en 2018 a 29.1% en 2024. Eso representa 600 mil personas que hoy tienen ingresos dignos. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares lo confirma: los ingresos de quienes hablan una lengua originaria prácticamente se duplicaron en seis años, al pasar de 8 mil 369 pesos trimestrales a más de 17 mil.
Lo relevante no es sólo la estadística, sino lo que encierra: un reconocimiento de que las transferencias directas, los programas de apoyo y la inversión en infraestructura básica han generado un colchón real para comunidades que habían sido sistemáticamente ignoradas. Por primera vez, los pueblos indígenas no están siendo tratados únicamente como sujetos de asistencia, sino como actores con derechos. La reforma al artículo segundo constitucional va en esa dirección: pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ahora son sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y, sobre todo, con la facultad de ejercer recursos públicos sin intermediarios.
En este 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum refrenda esa visión con un compromiso específico: destinar 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos hablando de 12 mil 374 millones de pesos que cada comunidad decidirá en qué invertir, desde caminos y agua potable hasta electrificación o centros de salud. Es un cambio de paradigma: de la política vertical que decidía desde la capital qué necesitaba una comunidad, a la política horizontal que reconoce su derecho a decidir.
¿Es suficiente? Por supuesto que no. Persisten las brechas en educación, salud y oportunidades de desarrollo. La discriminación estructural no desaparece en un sexenio ni en dos. Pero negar los avances sería un error igual de grande que idealizarlos.
Resulta y resalta que la 4T ha conseguido algo que parecía imposible: mostrar que la pobreza indígena no es una fatalidad histórica, sino una condición que puede transformarse con políticas claras, voluntad política y recursos bien dirigidos. Lo que está en juego en este “segundo piso” del proyecto no es solamente la continuidad de los apoyos, sino la consolidación de un modelo que coloque a los pueblos originarios como protagonistas de su propio destino.
Si la Cuarta Transformación logra mantener esta ruta, quizá podamos decir dentro de algunos años que, por fin, México comenzó a saldar una deuda histórica con quienes han sido la raíz más profunda —y la más olvidada— de nuestra nación.
Por eso somos los rompenueces.
