Pos, ¿qué creen? Durante el sexenio de la Cuarta Transformación, los indicadores sociales ofrecen buenas noticias: el salario mínimo duplicó su valor real, las pensiones universales alcanzan a la vejez más pobre y una red de programas, con tropiezos, sacó a millones de la pobreza extrema. Sin embargo, las cifras sobre la distribución de la riqueza recuerdan que la justicia social no solo eleva el piso, sino también recorta el techo.
El informe Global Wealth 2025 del banco suizo UBS retrata ese techo. Apenas 399 mil mexicanos —0.3 % de la población— concentran patrimonios superiores a un millón de dólares que suman 788 mil 571 millones. Ese monto equivale a la mitad de la economía nacional. No es metáfora: la riqueza de unos cuantos pesa lo mismo que el esfuerzo de 130 millones.
El estudio ubica a México como la décima economía más desigual, con un índice de Gini patrimonial de 0.72. La compañía hiere: Brasil, Rusia, Sudáfrica. Que esto ocurra bajo un gobierno de izquierda obliga a una reflexión severa: la redistribución del ingreso avanzó, pero la de la riqueza permanece intacta.
Hay razones estructurales, porque casi 43 % del patrimonio se aloja en activos financieros y el resto en bienes raíces. Acceder a ambos mercados exige un capital semilla que la mayoría no posee. Peor: en los próximos 25 años se heredarán 4.5 billones de dólares, más de dos PIB. Se heredará, no se creará. La lotería del nacimiento seguirá dictando el éxito.
El dato desarma triunfalismos, ya que las mejoras en salario y bienestar deben celebrarse, pero son gradas aún bajas en una escalera larguísima. Entre 2020 y 2024 el patrimonio total aumentó 17 %, mas la riqueza por habitante cayó 18 % desde el inicio del siglo. Paradoja amarga: somos más ricos en conjunto y más pobres al repartir dividendos.
La disparidad también se dibuja en el territorio. Mientras el sureste recibe inversión en infraestructuras emblemáticas —refinería, tren, corredor—, el norte manufacturero produce divisas con salarios aún contenidos y el altiplano financiero se frota las manos con la revaluación de activos. El progreso, así, viaja a velocidades diferentes y amenaza con fracturar el relato de unidad nacional.
Ante esto, la política pública encara un doble reto, primero, profundizar la progresividad fiscal: sin un impuesto patrimonial serio, la igualdad será discurso, segundo, democratizar el crédito productivo; permitir que la microempresa y la agricultura de pequeña escala accedan a financiamiento competitivo. No bastan transferencias; urge abrir el tablero donde se juega la acumulación.
La izquierda gobierna, pero la desigualdad todavía tiene fuerza. Romper ese contrato entre privilegio y herencia será la tarea definitoria del México que viene.
Por eso somos los rompenueces.
