Pos, ¿qué creen? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a encender la polémica —y no solo en sentido figurado— con una jornada de protestas que terminó en violencia, saqueo e incendio. La escena fue clara: un grupo de docentes, encapuchados y armados con tubos y mazos, irrumpió por la fuerza en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Rompieron portones, prendieron fuego a material de oficina y gritaron consignas contra el “charrismo sindical” mientras destruían el patrimonio que, se supone, también les pertenece.
La CNTE ha sido históricamente una organización de lucha legítima, nadie niega el valor de su historia ni el peso de sus reclamos, muchas veces ignorados por gobiernos de todos los colores. Pero hay una diferencia fundamental entre ejercer el derecho a la protesta y recurrir a la violencia como método de presión. Esa diferencia, cada vez más borrosa para algunos de sus integrantes, ha terminado por minar la legitimidad que tanto trabajo les ha costado construir.
El ingreso forzado al edificio del SNTE no fue una expresión de indignación: fue un acto de vandalismo. Destruir puertas, saquear objetos, hacer hogueras y provocar un incendio no es un acto político, sino un delito. Que esto haya sido realizado por docentes —quienes, más que nadie, deberían ser formadores de ciudadanía— es doblemente grave. ¿Qué ejemplo dan a los alumnos que dicen defender?
La dirigencia de la CNTE podrá argumentar que el SNTE representa lo peor del sindicalismo corporativo, que Alfonso Cepeda Salas es heredero directo del modelo autoritario de Elba Esther Gordillo. Tal vez tengan razón. Pero responder al autoritarismo con fuego no fortalece las causas justas, las deslegitima. La violencia empaña cualquier reclamo legítimo, incluso aquellos que merecen ser escuchados.
Las declaraciones oficiales tampoco se hicieron esperar, porque La Secretaría de Gobernación y la SEP condenaron los hechos y llamaron al diálogo pacífico. Cepeda Salas, por su parte, calificó el ataque como “una agresión” que será denunciada. Y aunque la sección 22 de Oaxaca defendió la acción alegando que el SNTE es un instrumento político del Estado, ni el desprecio al charrismo ni la rabia por años de imposiciones justifican prenderle fuego a una institución.
Y es que se puede y se debe exigir mejores condiciones laborales. Se puede protestar por el destino de los fondos de pensión, por un sistema educativo más justo, por una dirigencia sindical verdaderamente democrática. Pero no se puede pretender que el fin justifica cualquier medio. Si la CNTE realmente aspira a ser una alternativa ética al modelo que denuncia, debe trazar una línea clara entre protesta y vandalismo.
Además, en pleno proceso de levantamiento de su plantón en el Zócalo, la CNTE debía considerar que este tipo de actos no fortalecen su posición negociadora. Al contrario, endurecen las posturas institucionales y alimentan la percepción de que el movimiento ha perdido el rumbo. Y si el retiro táctico —como han nombrado su posible salida— significa redefinir estrategias, sería sensato comenzar por repudiar internamente la violencia que han permitido.
Resulta y resalta que la CNTE no necesita mazos, ni incendios, ni encapuchados para tener razón. Pero cada vez que recurre a ellos, se aleja más del magisterio que forma ciudadanos y se acerca peligrosamente a una caricatura que sus detractores están encantados de difundir.
La lucha por los derechos de los maestros debe continuar. Pero con ideas, argumentos, organización y firmeza. No con fuego. Porque si el incendio sustituye al discurso, no quedará mucho que defender ni mucho que enseñar.
Por eso somos los rompenueces.
