Pos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha vuelto a ser objeto de críticas por su controvertida decisión de admitir los recursos de inconstitucionalidad presentados por partidos políticos en contra de la reforma judicial. Este episodio solo refuerza la urgente necesidad de reformar el Poder Judicial cuanto antes, pues lejos de cumplir con su mandato de salvaguardar el estado de derecho, está contribuyendo a agravar los problemas del país.
Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en sus señalamientos, cuestionando la legitimidad de estos recursos y subrayando que los partidos políticos no tienen facultades para impugnar reformas constitucionales, a menos que se trate de asuntos estrictamente electorales. ¿Por qué entonces la Corte, que debería ser garante de la legalidad, opta por admitirlos?
Este tipo de acciones pone en evidencia una preocupante politización del Poder Judicial, un fenómeno que en lugar de fortalecer las instituciones, las debilita. En el contexto de la reforma judicial, los jueces, magistrados y ministros deberían estar sujetos a una elección clara y legítima, no a maniobras que buscan frenar los cambios necesarios. Sheinbaum, en un gesto de coherencia y firmeza, ha descartado reunirse con los ministros de la SCJN, alegando que cualquier diálogo en torno a este tema debe estar enfocado en reconocer que la reforma ya es una realidad y que no habrá marcha atrás en la elección democrática de los responsables del sistema de justicia.
Resulta y resalta que la decisión de la Corte de admitir los recursos presentados por partidos como el PRI y el PAN no solo resulta cuestionable desde el punto de vista jurídico, sino que además representa un obstáculo para avanzar en la limpieza de un Poder Judicial plagado de corrupción. La reforma judicial no es, como algunos pretenden argumentar, un tema electoral, sino una necesidad impostergable para sanear una institución que ha sido instrumentalizada durante décadas para proteger intereses particulares. La admisión de un amparo por parte de un empresario que se ha negado a pagar impuestos durante años es solo uno de los ejemplos más flagrantes de cómo el sistema actual beneficia a los poderosos en detrimento del pueblo.
Los partidos políticos que han promovido estos recursos no representan los intereses de la ciudadanía, sino los de una minoría que teme perder los privilegios que ha acumulado gracias a la opacidad y complicidad de un sistema judicial que parece estar diseñado para servir a sus intereses. El hecho de que estos partidos puedan litigar en nombre de una supuesta defensa de la constitucionalidad, cuando en realidad lo que buscan es frenar una reforma que ataca de raíz los problemas del PJF, es una muestra más de que el país necesita un cambio profundo.
Sheinbaum ha sido clara al afirmar que la elección de jueces, magistrados y ministros no debe estar sujeta a los caprichos de los partidos políticos. Esta elección no es un asunto electoral y no debería ser tratado como tal. Los partidos no tienen derecho a inmiscuirse en este proceso, tal como lo estableció desde el inicio la administración de Andrés Manuel López Obrador al enviar la iniciativa de reforma al Congreso. Y es aquí donde surge otra cuestión fundamental: ¿por qué la SCJN se presta a este juego político?
La Corte, que debería ser un pilar de imparcialidad y justicia, está siendo utilizada como una herramienta más en la lucha partidista. Su función debería ser velar por el cumplimiento de la ley y garantizar los derechos de todos los mexicanos, no entorpecer reformas que buscan precisamente mejorar la calidad de la justicia en el país. En lugar de contribuir a solucionar los problemas del Poder Judicial, parece estar exacerbándolos.
El argumento esgrimido por la Corte para admitir los recursos, pues, se centra en la supuesta confusión derivada de contradicciones constitucionales, especialmente en torno a la elección de la presidencia de la SCJN. Sin embargo, tal como explicó la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, estas contradicciones se resuelven de manera clara y sencilla mediante el artículo transitorio que deroga todas las disposiciones que se opongan al decreto de reforma. No hay margen para interpretaciones alternativas.
Es imperativo que el Poder Judicial de México se reforme cuanto antes, y esta reforma debe estar dirigida a eliminar cualquier vestigio de corrupción, politización y opacidad. El país no puede permitirse una Corte que funcione como un obstáculo para el cambio, que se ponga del lado de quienes buscan perpetuar un sistema desigual y excluyente. La elección de jueces, magistrados y ministros debe ser un proceso transparente, justo y, sobre todo, orientado al servicio del pueblo de México.
Al aceptar estos recursos, la SCJN no solo pone en riesgo la implementación de una reforma crucial, sino que además envía un mensaje peligroso: que la ley puede ser manipulada para satisfacer los intereses de unos pocos. Esta es precisamente la razón por la cual la reforma judicial es necesaria y urgente. El país necesita un Poder Judicial que esté a la altura de las expectativas del pueblo, que sea un verdadero garante de justicia y que no se deje arrastrar por los vaivenes de la política partidista.
Es hora de que la Corte entienda que su papel no es el de obstaculizar el progreso, sino facilitarlo. Y para que eso ocurra, la reforma judicial debe avanzar sin más retrasos. Solo así podremos construir un sistema de justicia verdaderamente independiente, imparcial y al servicio de todos los mexicanos.
