Pos, ¿qué creen? Por fin, después de años de resistencias, excusas y litigios que solo defendían privilegios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan menos que la presidenta de la República. Parece un detalle técnico, una cifra administrativa más en el laberinto de la burocracia; sin embargo, en realidad estamos ante un cambio histórico. Se cumple lo que ordena la Constitución, lo que mandató el pueblo desde hace tiempo y lo que la vieja Corte neoliberal, encabezada por Norma Piña, se negó a obedecer.
Durante décadas, los ministros vivieron en una burbuja salarial tan ajena a la realidad nacional que no solo cobraban mucho más que el presidente, sino que además se blindaban con seguros privados, tarjetas de comida, choferes, asesores de lujo y pensiones desproporcionadas. Aquella élite judicial confundió la independencia con el privilegio, la autonomía con la soberbia. La figura de Piña, convertida en símbolo de ese rechazo a la austeridad republicana, pasará a la historia no por su jurisprudencia, sino por encabezar la defensa de un modelo que convirtió a la Suprema Corte en un club de élite, distante del pueblo.
Hoy, con Hugo Aguilar Ortiz al frente, el panorama es otro. El nuevo presidente de la Corte percibirá 137 mil 582 pesos netos mensuales, una cifra menor a la de Claudia Sheinbaum, cuyo ingreso asciende a 138 mil 878. Atrás quedaron los 206 mil pesos que cobraban los ministros de la administración anterior. El golpe es simbólico y contundente: ya no hay sueldos intocables por encima de la primera magistratura del país.
Y es que la ministra Lenia Batres, pionera en este camino, mostró que no se trataba de un imposible. Desde su llegada en 2024 decidió devolver parte de su salario y renunciar a prestaciones excesivas. Fue señalada, ridiculizada e incluso atacada, pero el tiempo le dio la razón: hoy la mayoría de sus colegas siguen esa misma ruta. A ella se han sumado Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa, Sara Irene Herrerías y María Estela Ríos, mientras se espera que otros ministros formalicen la reducción en breve.
No se trata solo de números. El ministro presidente Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que permitirá ahorrar 300 millones de pesos anuales, además de impulsar la resolución de juicios promovidos por funcionarios judiciales que todavía intentan ganar más que la presidenta. Si la estrategia avanza, el ahorro adicional será de 800 millones de pesos cada año. Y en paralelo, se revisarán los escandalosos salarios de ministros en retiro, algunos de los cuales alcanzan los 385 mil pesos mensuales, una cifra ofensiva para cualquier ciudadano común.
Resulta y resalta que es claro que los viejos privilegios se resisten a morir, pero la señal política y ética ya está dada. La Corte ya no puede ser refugio de quienes ven en la toga un pasaporte para la abundancia. El cumplimiento del artículo constitucional que establece que nadie puede ganar más que el presidente representa no solo una victoria de la legalidad, sino también un triunfo de la dignidad.
La vieja Corte de Norma Piña será recordada como la última trinchera del neoliberalismo judicial. La nueva, con todas sus contradicciones y desafíos, tiene la oportunidad de reconciliarse con el pueblo al que debería servir. Reducir sueldos no resuelve todos los problemas, pero marca el inicio de una era distinta: la justicia al servicio de la nación, y no de una élite acostumbrada a vivir de ella.
Por eso somos los rompenueces.
