Pos la reciente actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral ha dejado claro que estos organismos continúan jugando a favor de intereses oscuros y en contra de la transformación del país, lo que plantea una preocupante sombra sobre el futuro de la justicia en México.
Por un lado, la SCJN, con ocho votos a favor y tres en contra, decidió admitir una impugnación presentada por jueces y magistrados en contra de la reforma judicial. Esto significa que, por primera vez, el máximo tribunal del país someterá a consulta del pleno si puede revisar, modificar o incluso detener una enmienda constitucional. Este hecho no solo plantea dudas sobre la independencia judicial, sino también sobre las intenciones de la Corte de interferir en las decisiones del Poder Legislativo.
Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel han sido claras al advertir que la Corte parece estar preparando un golpe de Estado constitucional. Este es un escenario peligroso, ya que la SCJN podría estar sentando un precedente en el que se atribuye poderes más allá de los establecidos en la Constitución, poniendo en riesgo el equilibrio de los poderes en México. Al hacerlo, la Corte manda un mensaje de inestabilidad institucional, desafiando al poder reformador de la Constitución y generando una crisis constitucional que amenaza con minar el sistema democrático del país.
La ministra Esquivel fue contundente al señalar que, al someter a control constitucional el trabajo del Poder Legislativo, la Corte estaría cometiendo un golpe de Estado. Esto es especialmente preocupante cuando se considera que la reforma en cuestión busca modernizar el Poder Judicial, que históricamente ha sido criticado por su opacidad y falta de independencia. El hecho de que la propia Corte, que debería ser el garante de la justicia, esté interfiriendo en estos cambios, sugiere que hay intereses más profundos en juego, intereses que van más allá de la protección de los derechos de los ciudadanos.
El presidente del proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara, ha argumentado que revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional no es nuevo y que esta postura ha sido defendida en el pasado por figuras políticas cercanas a Morena, como Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Sin embargo, las circunstancias actuales son diferentes. En lugar de promover la estabilidad y el orden, la Corte está sembrando dudas sobre su papel como árbitro imparcial y parece más inclinada a proteger los intereses de la élite judicial.
En paralelo, el Tribunal Electoral también ha tomado decisiones que parecen favorecer a actores políticos cuyas trayectorias han estado marcadas por la controversia. Uno de los ejemplos más claros es el caso de Alejandro «Alito» Moreno, líder del PRI, quien ha logrado prolongar su mandato por otros cuatro años gracias a una decisión del Tribunal. Esto ocurrió pese a las críticas sobre la legitimidad de su reelección y a las reformas internas que le permiten mantenerse al frente del partido por un periodo que podría extenderse hasta 13 años.
El pleno del Tribunal Electoral, con votos a favor de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, avaló los cambios estatutarios del PRI que permitieron la reelección de «Alito». Estos magistrados consideraron que el PRI tenía el derecho de modificar sus documentos básicos, dado que las etapas cruciales del proceso electoral ya habían sido superadas. No obstante, la decisión ha sido vista como un intento de consolidar el poder dentro del PRI, favoreciendo la permanencia de Moreno en el liderazgo, a pesar de las críticas internas y externas que enfrenta.
Esta situación refleja un patrón de comportamiento tanto en la SCJN como en el Tribunal Electoral: ambos parecen estar actuando en defensa de intereses personales o de grupos específicos, en lugar de proteger la democracia y el estado de derecho. Esta dinámica plantea serios retos para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que está en proceso de tomar las riendas del país y que podría enfrentarse a una serie de obstáculos institucionales que busquen frenar su agenda de transformación.
En un momento en que México está tratando de consolidar su democracia y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo, la actuación de la SCJN y del Tribunal Electoral representa una amenaza directa a estos esfuerzos. Ambos órganos tienen la responsabilidad de garantizar que el país avance de manera estable y en beneficio de todos los ciudadanos, no solo de unos pocos. Sin embargo, sus recientes decisiones sugieren que están más preocupados por proteger sus propios intereses y mantener el statu quo.
La Corte y el Tribunal Electoral están jugando con fuego al interferir en el proceso de transformación que México necesita urgentemente. Si no corrigen el rumbo y se alinean con los intereses del pueblo en lugar de con los intereses oscuros que parecen guiar sus acciones, corren el riesgo de desestabilizar aún más el país, lo que solo beneficiará a aquellos que desean ver fracasar las reformas que México tanto necesita.
Por eso somos los rompenueces.
