Pos contra viento y marea, el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular sigue avanzando en México. Este proceso, impulsado como parte de la reforma judicial promovida por el actual gobierno, representa un punto de quiebre histórico en la democratización del Poder Judicial, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intentó en su momento frenar la transformación. El reloj corre y los comités de evaluación han dado ya el primer paso al depurar las listas de aspirantes, pese a inconsistencias y tropiezos que no han pasado desapercibidos.
Para entender la magnitud del proceso, vale la pena revisar cómo se ha dado el avance. Los tres comités de evaluación correspondientes a los poderes de la Unión han divulgado las listas de quienes pasarán a la siguiente etapa. De los 18 mil 447 aspirantes que se registraron ante el comité del Ejecutivo federal, 11 mil 15 lograron superar el primer filtro. La cifra es contundente: casi un 40 por ciento fue eliminado, lo que deja entrever la seriedad de los requisitos.
En el caso del Poder Legislativo, el proceso fue menos transparente. La lista de aspirantes fue distribuida a la prensa un minuto antes de la medianoche, incumpliendo con la obligación de publicarla en un sitio oficial. Además, la lista no solo estuvo plagada de irregularidades, sino que presentó nombres repetidos, como el de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien aspira a un lugar en la Corte.
El escenario más complejo se vivió en el comité del Poder Judicial. De los 3 mil 814 aspirantes registrados, solo mil 46 pasaron a la siguiente fase, lo que significa una eliminación de más del 73 por ciento. Esto genera un problema inmediato: la falta de candidatos suficientes para cubrir las magistraturas de circuito, un rezago que podría dificultar el cumplimiento de las cuotas establecidas.
La elección de jueces, magistrados y ministros se realizará el 1 de junio de 2025, y está en juego un total de 881 cargos, entre ellos 464 magistraturas de circuito. La preocupación no es menor: el comité del Poder Judicial solo aprobó a 398 aspirantes, dejando un vacío evidente.
Más allá de las cifras y los tropiezos, lo que estamos presenciando es una transformación profunda en la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial. La elección popular de jueces y magistrados no es un capricho; es una respuesta a décadas de privilegios, nepotismo y falta de rendición de cuentas dentro de un órgano que, paradójicamente, debería ser garante de la justicia.
Durante años, los jueces y ministros han sido designados en un proceso opaco que ha beneficiado a élites políticas y económicas. El voto popular, en este contexto, representa una oportunidad para devolver el poder al pueblo y asegurarse de que quienes ocupen estas posiciones respondan a los intereses de la ciudadanía y no a los de grupos privilegiados.
No es casualidad que la SCJN, con una clara resistencia al cambio, haya intentado frenar esta reforma. El proceso de depuración que hoy avanza es también un golpe a una institución que, en lugar de abanderar la transparencia y la justicia, se ha convertido en un obstáculo para la transformación del país. Sin embargo, las resistencias parecen insuficientes frente a una demanda social que crece con fuerza.
A partir de ahora, los comités de evaluación tienen la tarea de revisar y calificar la idoneidad de cada aspirante. El plazo para presentar las listas definitivas es el 31 de enero de 2025, mientras que el 4 de febrero se realizará un proceso de insaculación pública para asegurar la paridad de género y ajustar el número de postulantes por cargo. Finalmente, las listas serán depuradas y enviadas al Senado para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la histórica elección judicial.
Resulta y resalta que es cierto que hay críticas y desconfianza hacia este proceso. La falta de transparencia del Legislativo, la carencia de suficientes aspirantes en el Judicial y los tropiezos en la organización del primer filtro son llamados de atención que no deben ignorarse. No obstante, también es cierto que se está rompiendo un paradigma.
La reforma judicial y la elección popular de jueces avanzan. No se trata solo de un proceso electoral más, sino de una apuesta por democratizar un poder que, durante décadas, ha vivido de espaldas a la sociedad. Aquellos que temen perder sus privilegios seguirán resistiéndose, pero la voluntad popular y la necesidad de justicia son más fuertes que cualquier obstáculo.
El camino no es sencillo, pero finalmente, México avanza hacia un Poder Judicial que, por primera vez en su historia, podrá ser elegido por el pueblo y para el pueblo.
Por eso somos los rompenueces.
