Pos el caos que prevalece en la Fiscalía General del Estado (FGE) no es un secreto para quienes se desempeñan en la institución. Se trata de un cúmulo de irregularidades y favoritismos que perpetúan un sistema en el que los más cercanos a los poderosos se benefician a costa del trabajo de los demás. La reciente denuncia que apunta a la existencia de «buses» y maniobras irregulares, con la complicidad de altos funcionarios, es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. La impunidad y la corrupción se han instalado como prácticas cotidianas dentro de la FGE, lo que afecta la moral de los empleados y, lo que es aún más grave, el cumplimiento de la ley.
Y es que uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es la selección arbitraria de los «elegidos», esos individuos que, por amiguismo o compadrazgo, acceden a posiciones privilegiadas, sin importar su capacidad o desempeño. Estos funcionarios no tienen que esforzarse en cumplir con sus responsabilidades, ya que son protegidos por la estructura de poder interna, la cual les permite disfrutar de beneficios personales a costa de los recursos del erario y del esfuerzo de quienes realmente trabajan. La asignación de plazas, por ejemplo, se convierte en un proceso completamente opaco y desigual, donde aquellos que no cumplen con su deber, o que incluso son unos «muebles» dentro de la institución, son los beneficiarios. Mientras tanto, el personal que realmente se dedica a la labor se ve obligado a lidiar con excusas y negaciones cuando se les solicita apoyo.
La Unidad de Homicidios es un claro ejemplo de esta estructura de favoritismos. El coordinador HugoCigala de dicha unidad, cuya relación con la licenciada Michel Rodarte es un secreto a voces, no solo ha obtenido su puesto por su cercanía con ella, sino que ha llevado a su amante a ocupar un cargo en la misma unidad, lo que ha desbordado la situación. La licenciada Rodarte ha delegado tanto poder que incluso es ella quien toma las decisiones en la unidad, y su influencia llega al punto de permitir prácticas corruptas como cobros ilegales por la entrega de cuerpos. La situación en la unidad de homicidios es solo un reflejo de una estructura más amplia que favorece a los protegidos, sin importar los perjuicios que esto cause al funcionamiento de la institución.
En otras áreas de la FGE, como la Unidad de Daños y la Unidad de Robo de Vehículos, se repiten patrones similares. El coordinador de daños se presenta como estricto solo con algunos de los ministerios públicos, mientras que otros se benefician con horarios flexibles y la posibilidad de evadir sus responsabilidades. Un caso particularmente llamativo es el de Miguel Pacheco, quien, a pesar de su falta de competencia y de su comportamiento irresponsable, sigue siendo protegido por la red de favores internos. Pacheco es conocido por llegar borracho a la unidad y dormir en su escritorio, sin que nadie lo cuestione debido a su relación con quienes están al mando.
La unidad de robo de vehículos, por su parte, también está marcada por la incompetencia de su coordinador, quien parece más interesado en ostentar su poder con su pistola que en resolver los casos. En esta unidad, como en muchas otras, las prácticas corruptas son comunes, desde cobros ilegales hasta la utilización del cargo para fines personales. No es raro que los ministerios públicos a cargo de estas unidades estén más preocupados por su bienestar personal que por cumplir con las tareas para las que fueron asignados.
El mayor rostro de esta corrupción en la FGE es Rebeca Sánchez, quien ha logrado mantener su poder a través de su cercanía con cada fiscal que llega al puesto. Sánchez, quien es conocida por su actitud prepotente y manipuladora, es la encargada de tomar decisiones clave dentro de la Fiscalía Zona Norte, y su influencia es tal que decide quién puede o no hablar con el fiscal. Se dice que, antes de que alguien entre a hablar con él, ella ya ha vertido su veneno y sesgado la opinión en su contra. Su conducta de maltrato y abuso de poder es ampliamente conocida, y su habilidad para sobrevivir en el puesto de fiscal tras fiscal, cambiando de actitud según lo requiera la situación, la convierte en un símbolo de la impunidad dentro de la FGE.
Es urgente que la gobernadora Maru Campos tome cartas en el asunto y ponga fin a este desorden. La situación en la FGE no solo afecta a los empleados que se ven atrapados en un ambiente de desconfianza y desmotivación, sino que también perjudica a la sociedad, ya que el mal manejo de los casos y la corrupción dentro de la institución impide el cumplimiento de la justicia. La gobernadora debe intervenir y poner en marcha una reforma real que acabe con estos círculos viciosos de corrupción, que promueva una verdadera rendición de cuentas y que restablezca la confianza en la Fiscalía.
Resulta y resalta que la FGE necesita un cambio profundo, no solo en su estructura, sino en su cultura. Es necesario que se valore el esfuerzo y la dedicación de los empleados que realmente trabajan por el bienestar de la comunidad. Los «elegidos» no pueden seguir ocupando puestos clave solo por ser amigos o protegidos de los jefes. Las plazas deben asignarse en base a méritos y no por compadrazgos. Es hora de que la gobernadora, como máxima autoridad en el estado, demuestre su compromiso con la justicia y con la transparencia, y ponga fin a este desorden que ha manchado la labor de la Fiscalía General del Estado.
Y en el colmo, hay un corrido, de esos que oye la gente mala, que ya es un hit en Spotify.
Por eso somos los rompenueces.
