Pos el Poder Judicial de Chihuahua sigue fallando y eso se refleja en la impunidad que vive el estado en el caso de las ejecuciones, pues nomás en el 2023, según los indicadores de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez, se dictaron sólo 39 sentencias, de ellas 37 fueron condenatorias y dos absoluciones, cuando el número de asesinatos fue de mil 169.
Esto quiere decir, pues, que hubo un 96 por ciento de impunidad, oséase, que esos crímenes no se castigan, por lo que sus autores siguen sembrando el miedo y el terror en la ciudad. Y es que resulta increíble que mientras los polis de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hayan detenido en flagrancia el año pasado a 250 supuestos sicarios, el sistema penal los libere por alguna u otra situación.
No puede haber solo 37 sentencias condenatorias de un universo de mil 169 asesinatos, porque entonces el Sistema Penal no sirve, está de más, pues. Por eso urge analizar qué está sucediendo porque igual que en el Poder Judicial Federal, parece que los jueces o son unos incompetentes para realizar su trabajo, o les están llegando las carretadas de lana del narcotráfico.
Esta persistente impunidad en torno a los asesinatos ha creado un desafío monumental para la justicia y la seguridad, porque ansina la falta de responsabilidad penal socava la confianza en las instituciones, generando un ciclo de violencia que persiste sin cesar.
Son cifras que se vienen repitiendo desde el 2008, ya que entre ese año y el 2023 se contabilizaron 20 mil 494 asesinatos, pero aunque usted, estimada lectora, querido lector, no lo crea, únicamente hubo 1,292 sentencias dictadas.
Maru y su equipo de duartistas no ha podido cambiar las cosas con este llamado nuevo sistema penal, que es más que evidente, presenta fallas. Urge una revisión exhaustiva del sistema judicial, enfocándose en la eficiencia, transparencia y recursos necesarios para garantizar que los criminales enfrenten las consecuencias de sus acciones y que las víctimas reciban la justicia que tanto merecen.
FAVOR CON FAVOR SE PAGA
La sorpresiva precandidatura de Arturo García Portillo para diputado federal por la vía plurinominal revela el sólido pulso político de la gobernadora Maru Campos en el prianismo nacional. Aunque García no figuraba inicialmente en la lista de precandidatos, su ascenso se vincula directamente a la influencia de ella, pues García ha sido una pieza fundamental en su carrera política.
Las especulaciones apuntan a una solicitud del alcalde Marco Bonilla, quien habría gestionado el respaldo de Campos para García Portillo, consolidándolo como el coordinador de las diputaciones federales del prianismo. Este movimiento estratégico, pues, refleja que en la política los favores se pagan casi siempre caro con cargo al erario.
Con este nombramiento, muchos pensarían que Maru Campos proyecta su peso político más allá de Chihuahua, tejiendo una red de influencia que refuerza su liderazgo dentro del PAN y, por ende, en la escena política nacional, pero esto no es a gratis, como dicen, pues el panismo nacional ha hecho algunos negocios con ella, como el caso del calderonista Ernesto Cordero, quien solo en el año pasado por su supuesta asesoría, más de 35 millones de pesos. Se trata, entonces, de una cuestión de lana
Por eso somos los rompenueces.
