Pos la ministra Norma Piña Hernández, actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pasó de lanza, como se dice popularmente. Ayer volvió a demostrar una vez más su desconexión con la realidad económica y política del país al proponer un presupuesto exorbitante para el ejercicio fiscal de 2025. A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar políticas de austeridad republicana, la ministra Piña presentó un proyecto de presupuesto que asciende a 5 mil 922 millones de pesos, el cual fue contundentemente rechazado por el pleno de la SCJN.
Este rechazo no solo subraya la insensibilidad de Piña ante las condiciones económicas que enfrenta México, sino que además evidencia su incapacidad para ajustarse a las nuevas reformas judiciales que buscan la eficiencia y la reducción de excesos. El proyecto presupuestal presentado por la ministra ignoraba importantes ajustes derivados de la Reforma Judicial, tales como la eliminación de fideicomisos y la reducción de sueldos de altos funcionarios, quienes no deben ganar más que el presidente de la República. Estos elementos, esenciales para asegurar una correcta aplicación de la Ley de Austeridad, fueron omitidos, dejando claro que Piña no está dispuesta a sacrificar los privilegios que históricamente ha gozado la cúpula judicial.
Y es que el proyecto de presupuesto, además de ser desmesurado, incluía un aumento justificado por la inflación y preveía recursos para ajustar remuneraciones, pagar pensiones complementarias y cubrir seguros médicos extraordinarios. Sin embargo, lo más polémico fue la inclusión de asignaciones millonarias para seguros privados, como el de gastos médicos mayores, con un monto superior a los 132 millones de pesos, y el seguro de separación individualizada, que ascendía a más de 204 millones de pesos. ¿Es esta la justicia que el país necesita? Claramente, no.
Pos parece que Piña no conoce el contexto donde la mayoría de la población enfrenta desafíos económicos, con un salario mínimo que apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, resulta insultante que la ministra Piña siga defendiendo un estilo de vida de opulencia dentro del Poder Judicial. La propuesta presupuestal no solo es desatinada, sino también una afrenta a los principios de equidad que deben regir en un país en vías de transformación. La SCJN, como órgano máximo de justicia, debería ser ejemplo de austeridad y compromiso con la ciudadanía, y no un reflejo de los excesos y el despilfarro que tanto se critican en otras esferas del poder.
El rechazo por parte del pleno a este presupuesto, pues, es un claro indicativo de que ni siquiera dentro de la misma Corte se está dispuesto a avalar los caprichos de la ministra. Los tiempos han cambiado, y es momento de que quienes ocupan puestos de poder lo entiendan. Los ciudadanos exigen un Poder Judicial que se ajuste a los tiempos de transformación que vive México, un país que ha sido gobernado bajo el lema de “Primero los Pobres” y que demanda que esta filosofía permee en todos los niveles, incluido el judicial.
Es preocupante que, pese a este rechazo, Piña continúe insistiendo en mantener privilegios. Aunque se ha comprometido a reelaborar su propuesta y presentarla nuevamente, cabe preguntarse si realmente tomará en cuenta las necesidades del país o si seguirá priorizando los intereses personales y de la élite judicial. Sus recientes declaraciones en las que alerta sobre la politización de la justicia y la erosión de la certeza jurídica parecen un intento desesperado de justificar su postura, apelando a la defensa de la independencia judicial. Sin embargo, detrás de estas palabras se oculta un claro intento de mantener intactos los privilegios de quienes, como ella, se resisten al cambio.
La independencia judicial es, sin duda, un pilar fundamental de cualquier democracia. Pero, ¿de qué sirve una justicia independiente si no está alineada con las necesidades del pueblo? La austeridad no es solo una política económica, es una cuestión de ética y justicia social. El Poder Judicial debe ser un ejemplo de moralidad y servicio público, y no un espacio para la acumulación de riquezas y privilegios desmedidos.
Resulta y resalta que si bien Piña se ha mostrado como una defensora de la independencia y de la integridad de la justicia, sus acciones demuestran lo contrario. El país atraviesa por una etapa de reformas cruciales que buscan eliminar la corrupción y los excesos en todos los niveles del gobierno, incluido el Poder Judicial. La ministra debería ser la primera en adaptarse a estos nuevos tiempos, en lugar de aferrarse a un modelo de privilegios que ya no tiene cabida en el México actual.
El rechazo al presupuesto presentado por la ministra Piña, pues, es una señal clara de que el país no tolerará más abusos de poder ni despilfarro de recursos. Es momento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ponga a la altura de las circunstancias y entienda que la justicia no puede ser un lujo, sino un derecho al alcance de todos los ciudadanos. La ministra Piña tiene una oportunidad única para rectificar su rumbo y demostrar que está dispuesta a liderar una Corte que sirva realmente al pueblo, y no a los intereses de una élite privilegiada.
