Pos en un país que ha decidido avanzar hacia la democracia plena y la justicia social, resulta increíble que aún existan sectores dentro del Poder Judicial que se resistan al mandato popular de elegir jueces, magistrados y ministros mediante un proceso democrático. Esta oposición no es más que un intento desesperado por mantener los privilegios heredados durante los gobiernos del PRI y el PAN, que durante décadas utilizaron al Poder Judicial como un brazo protector de sus intereses y no como un garante de los derechos de la ciudadanía.
Y es que la reciente propuesta de la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto, deja en evidencia las maniobras internas para evitar el cumplimiento del proceso democrático. Ante la negativa del Comité de Evaluación del Poder Judicial para reanudar las actividades relacionadas con la elección judicial de junio próximo, Soto planteó la necesidad de que el Senado de la República asuma el proceso de insaculación de las candidaturas, eliminando la fase de entrevistas por falta de tiempo.
¿La razón de esta negativa? Un Poder Judicial que se aferra a su tradición de opacidad y control interno, incapaz de adaptarse a una transformación que exige transparencia y participación ciudadana. La Corte, en una estrategia predecible, se escuda en amparos y tecnicismos legales para obstaculizar lo inevitable: una elección que abrirá las puertas de la judicatura a las y los ciudadanos.
El presidente López Obrador ya lo había señalado en múltiples ocasiones: el Poder Judicial, tal como lo conocemos, representa uno de los últimos bastiones de un régimen que se niega a morir. Durante décadas, los jueces y ministros no respondían al pueblo, sino a las élites políticas y económicas que los colocaron en sus puestos. El sistema de elección popular representa una amenaza directa a esos privilegios, pues pone el poder de decisión en manos de quienes realmente importan: los ciudadanos.
Resulta y resalta que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró, con justa razón, que el Tribunal Electoral esté buscando soluciones para garantizar que la elección judicial se lleve a cabo sin contratiempos. Su postura firme ante las artimañas de la Corte confirma el compromiso de su gobierno con la democracia y con el derecho de los 3 mil 805 aspirantes inscritos a participar en un proceso justo y transparente.
El Tribunal Electoral, al proponer alternativas para salvar el proceso electoral, ha dejado claro que la Corte no puede seguir jugando con los tiempos y los derechos de las personas. La propuesta de que el Senado realice la insaculación y remita directamente las listas al Instituto Nacional Electoral es una medida necesaria para impedir que las trampas legales sigan entorpeciendo un proceso que debería estar avanzando sin mayores obstáculos.
Es evidente que quienes se oponen a la elección popular de jueces no temen por la justicia, sino por la pérdida de control. Temen que la ciudadanía decida. Temen que las y los mexicanos elijan a jueces comprometidos con los valores democráticos y no con los intereses de un pequeño grupo de poder.
El intento del Comité de Evaluación de dilatar el proceso, así como las acciones de la Corte para bloquearlo, son un recordatorio de que el camino hacia una transformación profunda no estará exento de resistencias. Pero también es una prueba de que la voluntad popular, respaldada por instituciones que han decidido evolucionar, prevalecerá.
La elección judicial del 1 de junio próximo marcará un antes y un después en la historia de nuestro país. Será el momento en que el pueblo tome las riendas de la justicia, demostrando que en México, los privilegios heredados del pasado no tienen cabida en el futuro.
Porque al final, pues, como bien lo dijo Sheinbaum, la elección judicial no es un capricho ni una concesión: es una decisión del pueblo de México. Y esa, señores y señoras del Poder Judicial, es la única decisión que realmente importa.