Pos el cierre del año 2024 trajo consigo una noticia preocupante para millones de familias mexicanas: la pérdida de 405 mil 259 empleos formales. Este dato, reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no solo representa la mayor cifra registrada en un mes de diciembre durante la última década, sino que también pone en evidencia una dinámica laboral que se ha convertido en una constante de fin de año. Pero ¿hasta qué punto podemos considerar esto como un fenómeno “normal” o “esperado”?
Y es que cada diciembre, una gran cantidad de personas en México enfrenta el fin de sus contratos laborales, un fenómeno atribuido a la estacionalidad económica y a la falta de regulaciones que protejan a los trabajadores frente a estos despidos masivos. Sin embargo, los efectos trascienden las estadísticas: quienes pierden su empleo no solo dejan de recibir ingresos, sino que también se ven despojados de prestaciones sociales y económicas, lo que aumenta su vulnerabilidad en un país donde las redes de seguridad son insuficientes.
En esta ocasión, la pérdida de empleos golpeó especialmente a las plazas permanentes, con casi 257 mil despidos, mientras que las eventuales sumaron más de 148 mil. Esto coloca el registro total de afiliados al IMSS en 22 millones 238 mil 379 trabajadores, un número que, aunque elevado, contrasta con el bajo crecimiento de empleos formales durante el año.
Si bien el panorama de fin de año resulta preocupante, el balance anual no es menos desolador. En 2024 se crearon apenas 213 mil 993 empleos formales, muy por debajo de los 651 mil 490 generados en 2023 o los 846 mil 416 de 2021. Estas cifras sugieren que, más allá de los efectos estacionales de diciembre, la capacidad del país para generar empleos sostenibles ha ido disminuyendo.
En este contexto, sectores clave como la construcción (-6.3%) y el agropecuario (-2.5%) destacaron por sus pérdidas, mientras que los avances en transporte y comunicaciones (+3.9%) o comercio (+2.8%) no lograron compensar el saldo negativo. Además, estados como Tabasco, Campeche y Zacatecas registraron las mayores caídas en empleo, reflejando una crisis desigual que afecta con mayor intensidad a ciertas regiones.
Resulta y resalta que el IMSS señala que el salario base promedio de los trabajadores aumentó nominalmente un 9.2% en el último año, alcanzando 587.4 pesos diarios, esta mejora no es suficiente para contrarrestar los efectos de la precariedad laboral. La reducción del número de empleadores (-1.7%) y la caída en el empleo independiente también evidencian una economía que no logra generar las condiciones necesarias para un desarrollo inclusivo y sostenible.
Si bien diciembre históricamente ha sido un mes complicado para el mercado laboral mexicano, la pérdida de empleos en 2024 debería encender alarmas. No podemos seguir normalizando la estacionalidad como un fenómeno inevitable. El reto es construir un sistema laboral más resiliente, con políticas públicas que incentiven la creación de empleos permanentes y que protejan a los trabajadores frente a la incertidumbre económica.
El inicio de 2025 representa una oportunidad para reflexionar sobre las políticas laborales en México. La experiencia nos muestra que es posible mejorar el panorama si se toman decisiones enfocadas en proteger los derechos laborales, impulsar la inversión y fortalecer sectores estratégicos.
El desafío no es menor, pero tampoco es insuperable. La pregunta es si estamos dispuestos a asumirlo o si seguiremos siendo testigos pasivos de una crisis que, año tras año, deja a cientos de miles de familias sin sustento.
