Pos, ¿qué creen? Por años, el sistema electoral mexicano ha sido una maquinaria cara, ineficiente y, en muchas ocasiones, ajena al pueblo que dice representar. Las listas plurinominales, los dispendios multimillonarios de los partidos, la proliferación de regidores y síndicos que no rinden cuentas a nadie, y un aparato institucional que se ha convertido en botín de cuotas partidistas, son síntomas de un modelo agotado. Por eso, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una inminente reforma electoral marca el siguiente paso de la Cuarta Transformación.
No se trata de una ocurrencia ni de una revancha política, sino se trata de llevar los principios democráticos a un nuevo nivel de profundidad. La presidenta ha sido clara: no se puede seguir derrochando recursos públicos en procesos electorales que no reflejan fielmente la voluntad popular. Los partidos políticos deben aprender a vivir con menos dinero, y el sistema de representación debe volver a la ciudadanía.
Y es que el corazón de esta reforma, como lo delineó Sheinbaum en su conferencia matutina, es acabar con los privilegios disfrazados de representatividad. Las listas plurinominales —ese mecanismo opaco que permite a las cúpulas partidistas colocar a sus fieles sin que hagan campaña ni rindan cuentas— han perdido su justificación. Nadie que no haya caminado el territorio, mirado a los ojos a sus votantes o defendido públicamente una causa, merece una curul.
La presidenta propone retomar el modelo del Senado como una vía más democrática: dos senadores por mayoría y uno por la segunda fuerza. Un esquema que obliga a la competencia real, a presentar propuestas y a mantener un vínculo con la población. ¿Por qué no replicarlo en la Cámara de Diputados? ¿Por qué seguir tolerando que el poder legislativo se llene de “pluris” que no representan a nadie más que a las élites de sus partidos?
Además, hay un elemento de justicia administrativa que no puede soslayarse: los ayuntamientos no pueden seguir siendo espacios de colocación política. En municipios pequeños, se ha vuelto absurdo el número de regidores y síndicos que, lejos de servir, obstaculizan. Reducirlos conforme al tamaño del municipio no sólo es racional, es también un acto de honestidad con el contribuyente.
Sobre los órganos electorales, aún no hay una definición clara sobre el método para elegir a los consejeros, pero el solo hecho de abrir el debate es un acto democratizador. Lo que está en juego no es el control del árbitro, como insisten quienes se resisten a cualquier cambio, sino su legitimidad. Si queremos una democracia viva, el INE y los tribunales electorales deben dejar de ser castillos blindados y convertirse en instituciones abiertas, eficientes y al servicio de todas y todos.
En suma, lo que propone Sheinbaum es más que una reforma electoral: es una reforma ética. Es un llamado a abandonar la simulación, a limpiar la casa, a que la representación vuelva a estar anclada en la voluntad ciudadana. La transformación continúa, y esta vez, va por las urnas, los partidos y las instituciones que deben ser garantes de la soberanía popular, no sus usurpadores.
La Cuarta Transformación no terminará con el sexenio de López Obrador; apenas comienza su siguiente fase. Y si esa fase pasa por desmontar los privilegios que la vieja política blindó bajo el disfraz de legalidad electoral, bienvenida sea.
Por eso somos los rompenueces.
