Pos la política de seguridad en México parece dar un giro profundo. Después de las controvertidas reformas judiciales y la desaparición de los organismos autónomos, el país se encuentra ante una nueva transformación que promete reconfigurar su estructura de seguridad pública. Con la reforma constitucional aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados —un hito político de 441 votos provenientes de todas las fuerzas—, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emerge como el núcleo de un modelo que busca combinar inteligencia, investigación y prevención.
Y es que lo más sorprendente de este cambio es el respaldo unánime, incluso de los sectores más críticos del gobierno actual. Morena, con su mayoría parlamentaria, defendió la reforma argumentando que devuelve el carácter civil al mando de la Guardia Nacional. Pero la verdadera señal de consenso vino de la oposición, que dejó de lado la confrontación para abrazar una propuesta que consideran un paso en la dirección correcta.
Fernando Torres Graciano, del PAN, dejó entrever una crítica sutil pero importante: «Se nota un distanciamiento de la estrategia fallida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador». Estas palabras no solo representan una aceptación del cambio, sino también una especie de reconocimiento de que la estrategia de seguridad adoptada hasta ahora no ha dado los resultados esperados. De igual forma, el emecista Juan Zavala destacó la relevancia de la reforma al apuntar que “solo con inteligencia y prevención se construirá un modelo de seguridad que atienda los delitos que más afectan a la sociedad”.
Lo cierto es que esta reforma otorga facultades inéditas a la SSPC, transformándola en una «super secretaría». Según Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad, este cambio revolucionará la capacidad de investigación del Estado, permitiendo que la dependencia lidere la persecución criminal de manera integral y sin depender de intermediarios. La SSPC ahora tendrá facultades que antes recaían exclusivamente en otras instituciones, como la Policía, la Guardia Nacional y el Ministerio Público.
Una transformación ambiciosa y sus implicaciones
Resulta y resalta que la reforma no solo busca reforzar la estructura institucional de seguridad, sino también romper con la fragmentación que históricamente ha debilitado la capacidad de respuesta ante el crimen organizado. Con la SSPC como eje, se pretende consolidar una estrategia integral que unifique la inteligencia, la investigación y la judicialización de delitos bajo un mismo mando.
Sin embargo, este cambio no está exento de riesgos ni de cuestionamientos. La oposición, aunque respaldó la reforma, advirtió sobre el peligro de que estas nuevas facultades sean utilizadas para fines ajenos a la seguridad pública. “Esperamos que los datos obtenidos mediante inteligencia no se utilicen para espionaje político, a periodistas u opositores”, señalaron sus representantes.
El temor no es infundado. En un país donde el espionaje político ha sido una herramienta recurrente de control y represión, la ampliación de las facultades de una sola dependencia genera dudas. Este es un desafío crucial para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien, como presidenta, deberá garantizar que el uso de estas herramientas respete los derechos humanos y no derive en abusos.
Una ruptura con el pasado
El consenso que logró esta reforma también es simbólico. Representa una ruptura con la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de López Obrador, donde el enfoque en la militarización y los abrazos en lugar de balazos generaron más críticas que resultados. El respaldo unánime, incluyendo el de figuras como Torres Graciano y Juan Zavala, es una señal de que incluso los críticos más duros del actual gobierno ven en esta reforma una oportunidad para corregir el rumbo.
Pero el éxito de este cambio no dependerá solo de su implementación. Será necesario un esfuerzo constante para fortalecer la capacidad operativa de la SSPC, garantizar la capacitación de su personal y, sobre todo, evitar que las nuevas facultades deriven en prácticas autoritarias.
Un modelo en construcción
México está ante una encrucijada. Con esta reforma, el gobierno apuesta por un modelo de seguridad que prioriza la inteligencia y la prevención. La SSPC no solo será responsable de coordinar la respuesta estatal al crimen, sino también de liderar un cambio cultural en la manera en que se abordan los problemas de seguridad pública.
El reto es monumental. La transformación requiere no solo recursos, sino también voluntad política y la construcción de un consenso duradero. Si bien esta reforma ha comenzado con un respaldo unánime, su verdadero éxito se medirá en los resultados que ofrezca a los ciudadanos: reducción de la violencia, mejora en la percepción de seguridad y el fortalecimiento del estado de derecho.
La reforma a la SSPC marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad de México. Es un cambio que busca dejar atrás los errores del pasado y construir un futuro más seguro. Sin embargo, la verdadera prueba estará en cómo este modelo se traduce en resultados tangibles y en el respeto irrestricto a los derechos de los ciudadanos.
