Pos la frontera mexicana podría enfrentar uno de los mayores desafíos de su historia si los planes del presidente electo Donald Trump para deportaciones masivas se ponen en marcha. Ciudades como Juárez, que durante años han sido testigos de crisis migratorias, tendrían que lidiar con un flujo incontrolable de deportados desde Estados Unidos. Este impacto sería devastador, especialmente en los primeros meses de gestión, cuando miles de personas buscarían refugio, atención y sustento en una franja fronteriza que ya enfrenta limitaciones en infraestructura y recursos.
Las cifras de deportados previstas por el equipo de Trump, encabezado por Stephen Miller, podrían desbordar la capacidad de estas urbes para gestionar la llegada masiva de seres humanos, en su mayoría desprotegidos. Recordemos que Ciudad Juárez, un punto neurálgico en el corredor migratorio, ya ha experimentado crisis humanitarias recientes debido a los migrantes varados que esperan asilo o procesos de regularización en Estados Unidos. ¿Qué significaría una deportación masiva? El colapso de albergues, tensión social, saturación de servicios médicos y un potencial incremento en la inseguridad.
Y es que el despliegue de la Guardia Nacional y otras fuerzas armadas, como propone el presidente electo, añade un matiz oscuro a este panorama. Los republicanos que apoyan esta medida argumentan que es necesaria para proteger la soberanía de Estados Unidos, pero muchos expertos legales sostienen que es una estrategia inconstitucional y peligrosa. Según la organización America’s Voice, no existe un marco legal que permita a un presidente declarar una emergencia nacional y utilizar a las fuerzas militares para aplicar la ley migratoria domésticamente. Lo que Trump y su equipo planean hacer es más una muestra de fuerza que una solución real y sustentada en derecho.
Resulta y resalta que la historia ha mostrado que las deportaciones masivas generan más problemas de los que resuelven. En la práctica, la idea de deportar a millones de indocumentados en un corto período es inviable y peligrosa, especialmente si se emplea a las fuerzas armadas para ejecutar estas acciones. Las leyes migratorias de Estados Unidos son claras: el uso del Ejército en funciones de policía doméstica, como arrestar y deportar inmigrantes, va en contra de los principios fundamentales de la Constitución. Además, la falta de una estrategia clara sobre cómo financiar y sostener este esfuerzo plantea preguntas legítimas sobre su viabilidad.
Pero, más allá de la legalidad, están las consecuencias humanitarias. Es probable que miles de familias sean separadas de manera abrupta y sin contemplaciones, incrementando la ya alarmante crisis de derechos humanos en la frontera. Esto no solo es un asunto migratorio; es una cuestión de dignidad y respeto hacia seres humanos que, en muchos casos, llevan décadas trabajando y contribuyendo a la economía estadounidense. Las deportaciones masivas amenazan con desestabilizar a comunidades enteras y fracturar aún más un tejido social ya de por sí desgarrado.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha comenzado a preparar el terreno para esta ofensiva, entregando indocumentados encarcelados a las autoridades federales. Este «proyecto piloto» es un adelanto de lo que podría convertirse en una operación a gran escala. Sin embargo, incluso dentro del Partido Republicano, hay voces que reconocen la necesidad de mano de obra migrante. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha declarado que la economía estadounidense depende de los trabajadores migrantes y que es necesario fomentar la inmigración legal.
En Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas, los albergues se tendrían que preparar para lo peor. Se avecinan noches largas y frías en las que miles de personas buscarán techo y sustento. Las autoridades locales tendrán que redoblar esfuerzos para evitar un colapso humanitario. Sin el apoyo del gobierno federal mexicano y sin un plan de contingencia sólido, estas ciudades quedarán desbordadas.
Trump ha prometido iniciar las deportaciones «el día uno» de su gobierno, pero la incertidumbre permanece. ¿Será capaz de reunir los recursos y el personal necesario para cumplir esta promesa de campaña? ¿Podrá el sistema judicial contener la marea de demandas que sin duda surgirán en oposición a estas políticas? Y, lo más importante, ¿está preparado México para enfrentar una crisis de esta magnitud?
El espectro de las deportaciones masivas amenaza con oscurecer los lazos ya tensos entre ambas naciones. La retórica de «emergencia nacional» solo añade combustible a un fuego que podría incendiar la estabilidad de la región fronteriza. Las consecuencias de tratar un problema humano con respuestas militarizadas son profundas y duraderas. Lo que está en juego no es solo el destino de millones de indocumentados, sino el futuro de las relaciones bilaterales y la estabilidad de comunidades enteras que podrían verse destrozadas por un simple decreto.
Por eso somos los rompenueces.
