Pos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tocado fondo. Si ya había indicios de que la institución atravesaba una crisis de legitimidad, los recientes acontecimientos en los que se revela que envió una lista de aspirantes a jueces al Senado, donde figuran personas allegadas a Genaro García Luna, no hacen más que confirmar su deterioro. ¿Cómo puede una de las principales instituciones del país justificar semejante acto, sobre todo cuando se trata de un personaje condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico? La respuesta parece simple: no puede.
Y es que Genaro García Luna fue el todopoderoso secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del panista Felipe Calderón. Durante años, proyectó la imagen de un hombre implacable en su guerra contra el narcotráfico. Pero tras su captura y juicio en Estados Unidos, quedó al descubierto lo que muchos ya sospechaban: su supuesta lucha contra el crimen era un espectáculo para encubrir sus turbios acuerdos con el Cártel de Sinaloa. A cambio de protección, García Luna permitió que esta organización criminal operara libremente, convirtiéndose en una pieza clave para el narcotráfico a nivel internacional.
No estamos hablando de un funcionario más que falló en su misión. García Luna es el símbolo de la corrupción más descarada, de un aparato gubernamental que trabajaba en sincronía con los intereses del crimen organizado. Su condena en Estados Unidos fue un golpe para la credibilidad de las instituciones mexicanas y un recordatorio de que los tentáculos del narco han alcanzado los niveles más altos del poder.
Ahora, la SCJN, que debería ser el bastión de la legalidad, se encuentra bajo el escrutinio público. La lista que envió al Senado incluye nombres ligados a García Luna, algo que no puede ser casualidad. Según lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Gerardo Fernández Noroña, estos aspirantes no provienen de un proceso limpio y transparente. Por el contrario, todo apunta a que fueron seleccionados de manera discrecional, a pesar de que el comité de evaluación encargado de este proceso ya no estaba en funciones.
Resulta y resalta que la Suprema Corte tiene mucho que explicar. ¿Cómo se eligieron esos nombres? ¿Por qué no se respetó el procedimiento establecido? ¿Qué intereses oscuros están detrás de esta maniobra? Si la intención era renovar el Poder Judicial con perfiles íntegros, la SCJN ha fracasado rotundamente, y este escándalo no hace más que minar la confianza de los ciudadanos en la justicia mexicana.
Bajo la dirección de Norma Piña, la Suprema Corte ha enfrentado múltiples críticas, pero este caso en particular evidencia un patrón preocupante. No olvidemos que el Poder Judicial se encuentra en una coyuntura crítica tras la extinción de fideicomisos y la lucha por una reforma que garantice su independencia y erradique la corrupción. La Corte, en lugar de fortalecer su imagen, ha tomado decisiones que la hunden más en el desprestigio.
No es menor que Fernández Noroña haya señalado que la presidenta de la Corte esté impulsando nombres vinculados al entorno de García Luna. Si esto es cierto, estaríamos frente a un caso gravísimo de colusión entre quienes deberían impartir justicia y quienes alguna vez representaron lo peor de la corrupción.
La SCJN tiene la obligación de dar respuestas claras. No basta con enviar listas al Senado y esperar que el asunto pase desapercibido. Estamos hablando de un sistema judicial que debe ser reformado de raíz, y este episodio pone en entredicho la voluntad de la Corte para ser parte de ese cambio.
Si el Senado aprueba a estos aspirantes sin un escrutinio riguroso, estaremos legitimando un proceso viciado y perpetuando las redes de corrupción que tanto daño han hecho al país. El legado de García Luna no puede seguir contaminando nuestras instituciones.
El caso García Luna debería ser un punto de inflexión para México. Su condena en Estados Unidos expuso las fallas estructurales de nuestro sistema de seguridad y justicia. Pero si permitimos que sus allegados accedan a posiciones clave en el Poder Judicial, estaremos enviando el mensaje de que nada ha cambiado.
La SCJN tiene en sus manos la oportunidad de recuperar algo de la confianza perdida. Para ello, debe ser transparente en sus decisiones y alejarse de cualquier vínculo con figuras que representen corrupción. Si no lo hace, quedará claro que no solo ha tocado fondo, sino que ha decidido quedarse allí.
Por eso somos los rompenueces.
