Pos como ya sabemos, desde el primer día de su mandato, Donald Trump ha dejado clara su postura hacia los migrantes, especialmente aquellos provenientes de Latinoamérica. Su gobierno, pues, se ha convertido en un verdugo implacable que persigue a quienes, en busca de una vida mejor, cruzaron fronteras con la esperanza de encontrar refugio y oportunidades. Lo que se vive en los Estados Unidos bajo esta administración es un panorama desolador, donde el miedo se ha infiltrado en las comunidades hispanas y las políticas migratorias han alcanzado niveles alarmantes de crueldad y deshumanización.
Y es que la reciente ola de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades como Nueva York, Chicago y Baltimore es sólo una muestra de la maquinaria de persecución que Trump ha puesto en marcha. En un operativo que involucró a 20 equipos del ICE, respaldados por la Oficina Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas, se llevó a cabo una cacería masiva de indocumentados. Estas redadas, justificadas bajo el discurso de la seguridad nacional, han dejado a miles de familias al borde del abismo. Padres y madres han optado por no llevar a sus hijos a la escuela por temor a ser arrestados y deportados, o peor, ser separados de sus seres queridos.
Resulta y resalta que el clima de terror se intensifica con las declaraciones de figuras clave del gobierno. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior, acompañó personalmente estos operativos y, a través de redes sociales, publicó videos de arrestos, calificando a los migrantes como “tipo de basura” que deben ser “sacados de nuestras calles”. Esta retórica deshumanizante no sólo estigmatiza a una comunidad trabajadora y resiliente, sino que también legitima un discurso de odio que permea en todos los niveles de la sociedad.
¿Quiénes son los objetivos de estas redadas? Según el gobierno, pues, se trata de delincuentes, pandilleros y presuntos terroristas. Sin embargo, los datos pintan una realidad distinta: de los 1,179 arrestos realizados en un solo día, el 52% correspondía a personas con antecedentes penales, mientras que el resto eran migrantes cuya única “infracción” era haber ingresado al país en busca de un futuro mejor. La narrativa oficial no encaja con las historias de las familias que han sido destrozadas, ni con los niños que han quedado desamparados tras la deportación de sus padres.
Ansina que el miedo se ha convertido en un compañero constante para las comunidades hispanas. Las medidas del gobierno de Trump han derribado protocolos establecidos que protegían lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales. Ahora, ni siquiera estos espacios son seguros. Padres de familia temen que, al dejar a sus hijos en la escuela, sean arrestados frente a sus pequeños. Muchos migrantes han dejado de buscar atención médica por miedo a ser detectados y expulsados. Estas acciones no sólo violan derechos fundamentales, sino que también generan un impacto psicológico devastador en los más vulnerables.
La situación es particularmente grave en estados como Oklahoma, donde se han propuesto reglas que exigirían a los padres de familia proporcionar pruebas de ciudadanía o estatus legal al inscribir a sus hijos en escuelas públicas. Esta medida, que aún requiere la aprobación de legisladores y del gobernador, representa un ataque directo al derecho a la educación y refuerza un ambiente hostil hacia los migrantes.
Mientras tanto, en la frontera con México, el despliegue de más de 10,000 efectivos militares activos y 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas refuerza la imagen de una frontera militarizada, donde el migrante es tratado como un enemigo. Este despliegue, lejos de resolver los problemas estructurales de la migración, profundiza las brechas y convierte la frontera en un campo de batalla.
En contraste, los alcaldes de ciudades como San Francisco y Chicago han condenado las medidas de Trump, destacando la importancia de proteger a las comunidades migrantes y defender los derechos humanos. Sin embargo, su voz parece diluirse frente a la maquinaria federal, que sigue avanzando con redadas y políticas draconianas.
El discurso oficial del gobierno de Trump busca justificar estas acciones bajo la premisa de proteger la seguridad nacional. Pero la realidad es que estas medidas han generado un ambiente de miedo y desesperación entre quienes contribuyen al tejido social y económico del país. Las comunidades hispanas, que han sido un motor clave para Estados Unidos, ahora se enfrentan al estigma y la persecución.
Es imperativo cuestionar las verdaderas intenciones detrás de estas políticas. ¿Es realmente la seguridad nacional lo que está en juego, o se trata de una estrategia política para consolidar una base electoral que se alimenta del miedo y el odio hacia el otro? Las acciones del gobierno de Trump no sólo atacan a los migrantes, sino que también erosionan los valores de justicia y humanidad que deberían ser pilares fundamentales de cualquier sociedad.
La historia juzgará a quienes, desde el poder, eligieron la persecución y el odio como herramientas de gobierno. Pero también juzgará a quienes permanecieron en silencio frente a estas injusticias. Es momento de alzar la voz y defender a quienes, a pesar de todo, siguen luchando por un sueño que parece cada vez más lejano.
