Pos es urgente que México, pues, lleve a cabo las votaciones para renovar el poder judicial, un sistema que ha causado un daño profundo al país. El reciente paro judicial contra la reforma impulsada por el gobierno ha dejado miles de casos judiciales estancados, perjudicando gravemente la impartición de justicia. La parálisis en los tribunales no solo afecta a las personas que esperan resoluciones, sino que también erosiona la confianza pública en un sistema que, por años, ha sido visto como ineficaz y corrupto.
La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca transformar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, permitiendo que los ciudadanos elijan a sus representantes judiciales. Este cambio no solo es necesario, sino imprescindible para garantizar que quienes ostenten el poder lo hagan con el respaldo y la legitimidad que solo las urnas pueden otorgar.
Y es que nn el caso de Chihuahua y Ciudad Juárez, la reforma permitirá la renovación de al menos 10 cargos judiciales en Juárez y 12 en la capital del estado, lo que representa una oportunidad sin precedentes para que la ciudadanía participe activamente en la elección de sus jueces y magistrados. Se estima que, solo en Juárez, podrían participar hasta 86 candidatos, mientras que en Chihuahua el número podría ascender a 114, garantizando una competencia democrática amplia y plural.
El paro judicial no solo ha demostrado la necesidad de esta reforma, sino que ha dejado en claro que el sistema actual está lejos de ser justo. Miles de expedientes se han acumulado, y las víctimas de la ineficacia judicial continúan esperando justicia. Esto no puede seguir así. El proceso electoral del 2025, que se llevará a cabo el 1 de junio, será el primer paso para corregir el rumbo del poder judicial y devolverle a la justicia la celeridad que merece.
Resulta y resalta que a nivel nacional, habrá más de 10 mil candidaturas en juego para cubrir mil 481 puestos judiciales, y esta es una oportunidad histórica para que el pueblo mexicano ejerza su derecho a decidir sobre quién debe impartir justicia en su país. Pero, para que esta reforma sea efectiva, es crucial que las votaciones se realicen lo antes posible. No se puede permitir que más casos queden en el limbo por la negativa de los jueces a adaptarse a un sistema más transparente y democrático.
Es claro que este cambio generará resistencias, especialmente entre aquellos que han mantenido privilegios dentro de un sistema opaco. Sin embargo, por el bien de México, esta reforma debe avanzar. La elección de jueces y magistrados por voto popular es un mecanismo que traerá mayor legitimidad y confianza a un poder que, históricamente, ha sido señalado por su corrupción y falta de imparcialidad.
Los jueces y magistrados deben estar al servicio de la justicia, no de intereses privados o políticos. Con esta reforma, se abre la puerta para que la ciudadanía exija rendición de cuentas, y para que quienes impartan justicia lo hagan con la responsabilidad que implica haber sido electos por el voto popular. México no puede darse el lujo de seguir con un poder judicial que no esté a la altura de las demandas del siglo XXI.
La justicia no puede esperar más.
Por eso somos los rompenueces.
