Pos, ¿qué creen? Desde hace décadas, el gobierno mexicano ha cerrado los ojos ante la crisis de desapariciones que asola al país. No es un problema nuevo ni un fenómeno aislado: desde la llamada Guerra Sucia, cuando el Estado desapareció a cientos de estudiantes y disidentes políticos, hasta la crisis humanitaria que hoy enfrentamos con cientos de miles de personas ausentes, las desapariciones han sido una tragedia constante en la historia nacional. Pero lo que es verdaderamente inaceptable es la negligencia gubernamental, la falta de voluntad para afrontar este problema con seriedad y la impunidad que permite que las familias continúen esperando justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una serie de reformas que incluyen la creación de una Plataforma Única de Identidad para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas. Es un paso necesario, pero no suficiente. El problema de las desapariciones en México no radica únicamente en la falta de herramientas tecnológicas o en la ausencia de una base de datos más eficiente. El verdadero problema es la impunidad estructural, la corrupción de las instituciones y la colusión entre el crimen organizado y diversos niveles de gobierno. ¿Cómo se puede esperar que una plataforma resuelva lo que las autoridades no han querido resolver durante años?
Y es que las cifras son devastadoras. Según los datos oficiales, más de 110 mil personas están desaparecidas en México, aunque las organizaciones civiles estiman que el número real es aún mayor. Cada caso representa una familia rota, una historia truncada, un grito de auxilio que sigue sin respuesta. Y es que el modus operandi del Estado ha sido la omisión: mientras las madres buscan en fosas clandestinas con sus propias manos, mientras los colectivos de búsqueda enfrentan amenazas y violencia, el gobierno sigue presentando reformas que, aunque importantes en el papel, no resuelven el fondo del problema.
Resulta y resalta que el fenómeno de las desapariciones ha evolucionado con el tiempo. En los años setenta y ochenta, eran los agentes del Estado quienes hacían desaparecer a los opositores políticos. Hoy, el crimen organizado ha tomado la batuta, pero con la complicidad de un aparato gubernamental que prefiere mirar hacia otro lado. Desde Ayotzinapa hasta los miles de desaparecidos en los estados más golpeados por la violencia, el patrón se repite: investigaciones deficientes, fiscalías incapaces y una red de impunidad que permite que los perpetradores sigan operando con total libertad.
Es momento de que el gobierno haga algo más que promesas y cambios cosméticos en la ley. La urgencia de la situación demanda acciones concretas: recursos suficientes para las comisiones de búsqueda, una verdadera depuración de las instituciones de seguridad, castigos ejemplares para los funcionarios que obstaculicen investigaciones y, sobre todo, una estrategia que ponga en el centro a las víctimas y a sus familias.
El pueblo de México, como bien señala la presidenta Sheinbaum, está alerta. Pero no basta con estar cerca de la gente o con escuchar sus reclamos en conferencias matutinas. Se necesitan resultados tangibles, acciones efectivas y, sobre todo, la voluntad de enfrentar este problema con toda la fuerza del Estado. Ya no hay espacio para la indiferencia; es hora de que el gobierno deje de hacerse de la vista gorda y enfrente, de una vez por todas, la crisis de desapariciones que tanto dolor ha causado a miles de familias en el país.
