Pos la reciente revelación sobre el costoso arrendamiento de dos helicópteros Bell 429 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha levantado una serie de alarmas que no pueden ser ignoradas.
Según el informe publicado por El Heraldo de Chihuahua, el contrato ascenderá a la asombrosa cifra de 64 millones de dólares (1,152 millones de pesos a una tasa de cambio de 18 pesos por dólar). Este gasto no solo es exorbitante, sino que además está envuelto en un manto de opacidad que exige una investigación exhaustiva.
Resulta y resalta que primero, es crucial entender el contexto de este contrato. El costo total del arrendamiento incluye la renta de las aeronaves, así como los servicios y reparaciones necesarios para mantenerlas operativas de forma permanente. Sin embargo, el nombre de la compañía arrendadora no ha sido proporcionado, lo que deja muchas preguntas sin respuesta sobre la transparencia y la legalidad de este acuerdo.
Y es que la opacidad con la que se manejan estos contratos es preocupante. Durante una entrevista en el programa “No le cambie” con Juan Enrique López Aguirre, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, no desmintió el monto del arrendamiento. De hecho, su respuesta evasiva y jocosa cuando se mencionó la cifra de 800 mil pesos diarios por el arrendamiento de los helicópteros solo incrementó la desconfianza.
Pos es inaceptable que un gasto tan significativo se maneje sin la debida transparencia. La ciudadanía tiene el derecho de saber en qué se están utilizando sus impuestos, especialmente cuando se trata de cantidades tan elevadas. La falta de claridad y la renuencia a proporcionar detalles específicos sobre el contrato y la compañía involucrada son signos preocupantes de posibles irregularidades.
Para poner esto en perspectiva, la cifra de 1,152 millones de pesos por el arrendamiento de dos helicópteros es desmesurada. Esta cantidad podría ser utilizada para múltiples proyectos de infraestructura, educación, salud, y otros servicios públicos que beneficiarían directamente a los ciudadanos de Chihuahua. En un contexto donde los recursos públicos son limitados y las necesidades son muchas, decisiones como esta deben ser justificadas con absoluta transparencia.
No es la primera vez que el gobierno encabezado por Maru Campos Galván se ve envuelto en controversias por contratos millonarios otorgados en circunstancias dudosas. La tendencia a justificar la falta de transparencia con el pretexto de riesgos de seguridad es una táctica que debe ser cuestionada. La seguridad no debe ser una excusa para la opacidad y la potencial corrupción.
Pos es urgente que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre este contrato de arrendamiento. Las autoridades deben proporcionar toda la información relacionada con este acuerdo, incluyendo el nombre de la compañía arrendadora, los términos específicos del contrato, y una justificación detallada del costo. Además, es esencial que se establezcan mecanismos de auditoría y rendición de cuentas para prevenir futuros abusos y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y transparente.
