Pos, ¿qué creen? El calderonismo, esa corriente política que se envolvió en la bandera de la “guerra contra el narcotráfico” mientras cerraba los ojos ante la corrupción de sus propios aliados, vuelve a quedar expuesto. No es novedad: ahí está Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, cumpliendo sentencia en una cárcel estadounidense por proteger a cárteles. Ahora, se suma un nuevo capítulo: el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusan a dos empresarios mexicanos, uno de ellos con lazos directos con el círculo calderonista, de sobornar a funcionarios de Pemex para manipular licitaciones millonarias.
Uno de esos nombres es Mario Alberto Ávila Lizárraga, viejo conocido del PAN en Campeche, excandidato a gobernador, y protegido del desaparecido Juan Camilo Mouriño, hombre clave en el sexenio de Calderón. La acusación es grave: entre 2019 y 2021, Ávila y su socio, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, habrían pagado sobornos en efectivo y artículos de lujo —Louis Vuitton, Hublot— para asegurar contratos de Pemex y su filial de exploración por al menos 2.5 millones de dólares. El FBI y el HSI los investigan; uno ya fue procesado, el otro sigue prófugo.
Resulta y resalta que la historia de Ávila Lizárraga es un retrato de cómo el calderonismo construyó su red: del equipo de campaña de Vicente Fox a delegado de Sedesol en Campeche, de ahí a la candidatura panista a gobernador, y tras su derrota, a un jugoso cargo en Pemex, cortesía de los Mouriño. Una carrera que huele más a padrinazgo político que a mérito profesional.
La ironía es brutal: Calderón pasó a la historia proclamando que “no tuvo trato” con criminales, pero la realidad lo contradice a cada paso. No sólo tenía a su lado a un secretario de Seguridad condenado por narcotráfico; ahora se exhibe que figuras cercanas a su círculo también están bajo la mira de la justicia de Estados Unidos por corrupción. Y no se trata de hechos lejanos a su sexenio, sino de un modus operandi que, al parecer, sobrevivió más allá de su mandato.
El calderonismo quiso venderse como sinónimo de orden, legalidad y mano dura. Pero cuando uno revisa sus expedientes, lo que encuentra es un patrón de favores, contratos amañados y vínculos con personajes que, tarde o temprano, acaban frente a un juez… pero no en México, sino en el país vecino. Tal vez ahí radica la mayor tragedia política de esa corriente: que no es la justicia mexicana la que desnuda sus excesos, sino la extranjera.
La imagen que Calderón quiso legar —la del presidente que enfrentó al crimen— se erosiona con cada nuevo caso. Mientras él recorre foros internacionales defendiendo su legado, en los tribunales estadounidenses desfilan nombres que formaron parte de su círculo, ya sea en seguridad o en el manejo de los recursos petroleros. Y cada sentencia, cada orden de arresto, confirma que la “guerra” que proclamó fue más un espejismo que una cruzada por la legalidad.
Porque al final, el calderonismo no fue la muralla contra el crimen que prometió. Fue, más bien, un puente por donde transitaron negocios turbios, contratos amañados y pactos inconfesables. Y esos puentes, como hoy vemos, conducen inevitablemente a las puertas de una corte… en Estados Unidos.
Por eso somos los rompenueces.
