Pos, ¿qué creen? El gobierno de Estados Unidos parece que quiere continuar con una relación compleja con México. Por un lado, su discurso, impulsado el presidente Donald Trump, continúa atacando al país vecino, lo denigra y lo presenta como un enemigo a la sombra de una retórica xenófoba. Por otro lado, el mismo gobierno de EU contribuye activamente a la violencia que azota a México, alimentando el narcotráfico con armas que, irónicamente, luego son utilizadas contra su propio vecino del sur.
Es una contradicción que no pasa desapercibida para los ciudadanos mexicanos y para el gobierno de México. Ayer, en una histórica audiencia ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, el gobierno mexicano presentó sus argumentos contra las principales empresas fabricantes de armas del país norteamericano. El juicio busca responsabilizar a estas compañías por sus prácticas comerciales negligentes, que facilitan el tráfico ilegal de armas hacia México, donde alimentan la violencia y el sufrimiento de millones.
Y es que esta acción jurídica tiene su origen en un reclamo que data de 2021, cuando México demandó a ocho fabricantes de armas por contribuir al tráfico ilícito de sus productos. Aunque en un primer momento el caso fue desechado, en 2024 un tribunal de apelaciones permitió que el litigio siguiera adelante, y este lunes, se presentó ante la Suprema Corte. El gobierno mexicano es claro: las negligentes prácticas de estas empresas permiten que sus armas terminen en manos de los cárteles de la droga, causando una ola de violencia en nuestro territorio.
Los datos expuestos por el propio Departamento de Justicia de EU no dejan lugar a dudas: el 74% de las armas incautadas en México provienen de ese país. Es un reconocimiento directo de que el tráfico de armas hacia México es un problema sistémico que, lejos de resolverse, sigue alimentando una espiral de violencia. La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que estos datos son una prueba contundente en favor de la demanda de México ante la Corte. «Ellos tienen la prueba más contundente», dijo la mandataria en su conferencia matutina, aludiendo a un informe publicado en enero, en el que se revela el volumen de armas que cruzan la frontera y caen en manos de criminales.
Resulta y resalta que es claro que la industria armamentista de EU tiene una responsabilidad directa en este fenómeno. A pesar de la legislación estadounidense, que en teoría protege a las empresas de armas de demandas por el daño causado por sus productos, México argumenta que este caso no tiene nada que ver con la defensa de la segunda enmienda o con el derecho de los estadounidenses a portar armas. El problema, como señala la Secretaría de Relaciones Exteriores, radica en las prácticas irresponsables de las empresas armamentistas que, al permitir el tráfico ilícito de sus productos, están directamente involucradas en la violencia que afecta a México.
La demanda busca que estas empresas no gocen de la inmunidad que les otorga la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, una ley que protege a los fabricantes de armas contra demandas por daños causados por el uso ilegal de sus productos. Sin embargo, México sostiene que el tráfico ilícito de armas no es un daño colateral, sino una consecuencia directa de las prácticas comerciales irresponsables que promueven estos fabricantes.
Los argumentos presentados ante la Corte buscan subrayar que, si bien Estados Unidos tiene un sistema legal que protege a sus fabricantes, la magnitud del daño causado a México por sus prácticas irresponsables debería ser suficiente para que se reconsideren esas protecciones.
Este juicio, que aún no tiene fecha para su resolución, llega en un momento de alta tensión entre los dos países. Mientras Trump sigue atacando a México, buscando minimizar la cooperación bilateral y agitar los ánimos con su discurso antinmigrante, Estados Unidos no solo continúa vendiendo armas a los narcotraficantes, sino que también se beneficia indirectamente de la violencia que estas mismas armas producen en México.
El gobierno de México ha dejado claro que no se trata de un conflicto diplomático, sino de un intento legítimo por proteger a su población. La violencia derivada del narcotráfico y el tráfico de armas ha cobrado miles de vidas y ha dejado un rastro de sufrimiento en muchas comunidades mexicanas. La postura mexicana ante la Corte busca que las empresas responsables de la fabricación de estas armas sean finalmente llamadas a rendir cuentas por sus acciones y omisiones.
Este caso también pone en evidencia la hipocresía que subyace en las relaciones entre ambos países. Mientras los políticos de Estados Unidos, como Trump, se permiten faltarle el respeto a México y a su población, la realidad es que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales facilitadores de la violencia que azota a México. Al igual que sus discursos xenófobos, la industria armamentista estadounidense contribuye al sufrimiento de millones de mexicanos, desbordando las fronteras de la responsabilidad y entrando en el terreno de la complicidad.
A medida que avanzan los procedimientos judiciales, es fundamental que la comunidad internacional observe lo que está en juego. No solo se trata de un litigio entre dos países, sino de una lucha por la justicia, la seguridad y la vida de las personas que viven bajo la constante amenaza de la violencia. México ha dado un paso importante en su lucha por frenar el flujo de armas, pero, como siempre, depende también de la voluntad política de Estados Unidos para finalmente enfrentar las consecuencias de su propio tráfico de armas.
Solo cuando ambas naciones dejen de ignorar las realidades que se viven al sur de la frontera y asuman sus responsabilidades, podrá construirse una relación de respeto y colaboración verdaderamente sólida. Mientras tanto, las armas siguen cruzando la frontera, y la violencia, lamentablemente, continúa.
Por eso somos los rompenueces.
