Tomó la determinación ante el éxito del programa y el agotamiento de citas disponibles para realizar la diligencia; sólo en El Punto, se han registrado alrededor de 15 mil vehículos
Ciudad Juárez, Chihuahua (ADN / Martín Orquiz) – Las pláticas con el Gobierno Federal para tratar de ampliar el programa de regularización de vehículos introducidos de forma ilegal a México continúan, dada la respuesta de la ciudadanía a esta actividad, informó el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.
Dijo que se entabló comunicación con autoridades de la Ciudad de México para dar a conocer la respuesta de la comunidad y por qué es importante ampliar este trámite.
Para lograrlo, continuó, se sostienen charlas con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que los ciudadanos que quieren regularizar sus unidades puedan hacerlo, luego que se agotaron las citas para hacerlo aunque falta poco más de una semana para que concluya el programa.
El decreto, dijo, culmina el 20 de septiembre y ya no hay fechas disponibles, el hecho demuestra que la ciudadanía quiere cumplir y andar con sus autos de forma legal y segura.
“Nosotros vamos a estar firmes para hacer esta gestión y lograr que se amplíe la fecha del decreto”, aseguró Loera de la Rosa.
Indicó que ya habló con la titular Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien le pidió trabajar para hacer más ágil el proceso de regularización.
Por ello, se tomó la decisión de que la delegación de Bienestar podía ayudar a través de los Servidores de la Nación, quienes son el enlace entre la población y las autoridades que llevan a cabo el proceso.
Han ayudado a que los ciudadanos tengan disponible toda la información que necesitan para regularizar su auto y que la diligencia sea más rápida.
Hasta el momento, se tiene un cálculo de que se han registrado, sólo en El Punto, 15 mil vehículos.
Con el programa de regularización, que promovió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, las personas tienen seguridad jurídica en su patrimonio y se contribuye a la seguridad, ya que estas unidades son utilizadas para cometer actos ilícitos.
Agregó que el proceso cuesta 2 mil 500 pesos, lo cual ayuda mucha a la economía familiar.
