Pos la propuesta de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para modificar la reforma judicial ha generado controversia en diversos sectores políticos y judiciales. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, también integrante de la SCJN, ha sido una de las voces más críticas, calificando de «absurdo» el intento de Piña por replantear la forma de nombrar a jueces y magistrados.
Y es que Esquivel ha subrayado que la reforma original no implica una demolición del Poder Judicial, como ha insinuado Piña, y que su contrapropuesta llegó fuera de tiempo. Esta postura, compartida por varios actores políticos, evidencia que la presidenta de la Corte está luchando una batalla que, en términos prácticos, ya se encuentra perdida.
La realidad es que la reforma judicial ya está en manos del Poder Legislativo, y su curso parece estar decidido. El proyecto original fue enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 5 de febrero de este año, y en todo ese tiempo, el Poder Judicial tuvo la oportunidad de involucrarse en el proceso. Sin embargo, Piña y otros integrantes del máximo tribunal no se manifestaron hasta ahora, cuando las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado ya han aprobado el dictamen. En este contexto, la propuesta de Piña parece un intento desesperado por mantener ciertos privilegios dentro del Poder Judicial, más que una genuina búsqueda de mejorar el sistema judicial mexicano.
Resulta y resalta que la oposición, por su parte, se encuentra dividida. Mientras figuras del Partido Acción Nacional (PAN) como Guadalupe Murguía han llamado firmemente a sus compañeros a oponerse a la reforma, otros, como el senador Miguel Ángel Yunes, han dado señales de que podrían apoyar el proyecto impulsado por Morena y sus aliados. Esto ha generado tensión dentro del PAN, y Murguía ha exigido a Yunes que aclare públicamente su postura. Yunes parece estar cada vez más cerca de respaldar la reforma, lo que podría ser un golpe significativo para la cohesión de la oposición.
En medio de todo esto, la propuesta de Norma Piña se ve cada vez más desfasada. Como bien lo expresó el senador Óscar Cantón Zetina, la presidenta de la SCJN parece no comprender que la reforma ya está en manos del Poder Legislativo. Para muchos, Piña solo busca perpetuar los privilegios que han caracterizado al Poder Judicial durante décadas. Cantón Zetina, junto a otros legisladores, ha acusado a la Corte de proteger intereses personales y familiares, utilizando el poder judicial como refugio de nepotismo y elitismo. La imagen de jueces y magistrados disfrutando de sueldos millonarios, camionetas blindadas y cenas en restaurantes de lujo, contrasta drásticamente con la realidad de la justicia que enfrentan millones de mexicanos.
El senador Saúl Monreal Ávila, presidente de la Comisión Jurisdiccional, ha sido claro en este punto: la discusión y el análisis de la reforma ya se encuentran en la etapa final dentro del pleno del Senado, y no hay espacio para modificaciones. «Lo hubiera hecho antes», comentó Monreal respecto a la propuesta de Piña, subrayando que el Poder Judicial tuvo desde febrero hasta ahora para intervenir en el proceso. Además, recordó que la reforma fue sometida a un extenso proceso de análisis que incluyó 29 foros y la participación de diversos actores judiciales y políticos. Sin embargo, en esa etapa, ningún representante de la SCJN, incluida Piña, se hizo presente. Esto refuerza la percepción de que la propuesta actual no es más que una estrategia de último minuto para preservar los intereses de un sector que ha disfrutado de privilegios desmedidos durante años.
La postura de Yasmín Esquivel Mossa, al oponerse a la propuesta de Piña, también refleja las tensiones internas dentro de la Suprema Corte. Esquivel ha defendido la reforma judicial, argumentando que no se trata de una demolición del Poder Judicial, sino de una reestructuración necesaria para fortalecer el sistema. En este sentido, su postura parece alineada con el proyecto del presidente López Obrador, lo que ha generado aún más fricciones dentro del propio tribunal. La división dentro de la SCJN no solo es un reflejo de las luchas de poder internas, sino también de la confrontación más amplia entre quienes buscan preservar el status quo y quienes apoyan la transformación del sistema judicial.
Es importante considerar las implicaciones de una eventual alianza entre Yunes y Morena en la aprobación de la reforma. Si Yunes decide apoyar la propuesta, no solo estaría rompiendo con el PAN, sino también con la base política que lo ha respaldado durante años. El senador ha sido una figura clave en la política de oposición, y su apoyo a la reforma podría cambiar el equilibrio de fuerzas en el Senado, asegurando una mayoría para Morena y sus aliados. Sin embargo, esta decisión no es sencilla, y Yunes deberá sopesar cuidadosamente los costos políticos que podría enfrentar si decide sumarse a la causa de Morena y sus aliados.
