Pos, ¿qué creen? En política, las formas hablan tanto como el fondo. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Norma Piña, la convocatoria a un periodo extraordinario justo antes de que se renueve el pleno no parece un gesto inocente ni un acto meramente administrativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó la pregunta que flota en el ambiente: “¿Por qué quieren una sesión extraordinaria?” Y añadió un dardo que no cayó en saco roto: “A lo mejor van a resolver el tema de los impuestos de una persona que debe mucho”. No mencionó nombres, pero sugiere un escenario incómodo: que la Corte, en sus últimos días con esta composición, pudiera estar preparando una jugada a favor de intereses muy específicos.
No sería la primera vez que el máximo tribunal del país parece alinearse con los llamados “poderes fácticos”, ese eufemismo para referirse a grandes empresarios, corporativos o grupos económicos con suficiente influencia para mover piezas en los tableros de poder. Si algo ha demostrado la historia política de México, es que la justicia puede ser expedita cuando conviene a quienes la financian o la presionan.
Y es que lo llamativo es el calendario, el 19 de agosto, y con posible extensión al 28, se realizará esta sesión extraordinaria. Ayer, se suponía, fue la última reunión formal de la “Corte del pasado” —como la llamó Sheinbaum—, pero ahora se abre una ventana para decisiones que podrían marcar precedentes o, peor aún, blindar privilegios.
En este contexto, la sombra de un litigio fiscal multimillonario —que podría beneficiar a un empresario de alto perfil— se cierne sobre la agenda judicial. Resolver un caso así en los últimos días, antes de la llegada de ministros electos bajo un nuevo esquema, podría interpretarse como un intento por dejar amarrados ciertos beneficios.
A esto se suma un dato nada menor: en su última sesión privada, la Corte aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2026 con un incremento del 12.7% respecto a 2025, equivalente a casi 5,870 millones de pesos adicionales. Un monto que, como recordó Sheinbaum, contraviene el espíritu de la Constitución, que impide que servidores públicos ganen más que el presidente. Si bien este presupuesto deberá ser revisado por el Congreso, la intención política de dejarlo aprobado es evidente.
La próxima Corte, que tomará posesión el 1 de septiembre, llegará en medio de expectativas de “aire fresco” y de un cambio de reglas internas. Y eso, para ciertos sectores privilegiados, es sinónimo de incertidumbre. No es descabellado pensar que la prisa de la actual integración por sesionar de forma extraordinaria busque precisamente cerrar temas que podrían complicarse con nuevos ministros.
Resulta y resalta que Norma Piña, a quien muchos ven como una figura de resistencia frente al Ejecutivo, corre el riesgo de que su última jugada sea percibida no como una defensa de la independencia judicial, sino como un servicio de despedida a intereses privados.
En un país donde la confianza en el Poder Judicial se tambalea, la transparencia en los motivos de esta convocatoria no debería ser opcional. Si no se aclara qué asuntos se pretenden resolver en esa sesión, quedará la impresión de que la Corte, en vez de impartir justicia, está firmando cheques de impunidad antes de que cambien las firmas.
Por eso somos los rompenueces.
