El Gobierno Federal activó este programa para aquellas personas encarceladas que no cometieron delitos graves relacionados con la violencia o la sangre.
Ciudad de México (ADN / Martín Orquiz) – El Gobierno Federal dio a conocer los resultados del programa de preliberaciones en Centros Penitenciarios federales y estatales, instaurado como un acto de justicia para quienes cometido delitos no graves ni relacionados con la violencia o la sangre.
A través de un comunicado, se especifica que la actividad está dirigida a gente humilde, que no pudo pagar un abogado, un traductor o ha enfrentado adversidades.
Explica que, por instrucción presidencial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación se dieron a la tarea de gestionar las libertades anticipadas y amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura.
Hasta este 15 de septiembre, aniversario del Grito de independencia, quedaron en libertad 2 mil 685 personas, quienes permanecían encarceladas en centros penitenciarios.
Las cifras a partir del 1 de julio al 14 de septiembre de 2022, establecen que hay 2 mil 549 personas preliberadas, de las que 123 son mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónico-degenerativas, 51 son indígenas y 15 extranjeras.
Además, 2 mil 022 que cumplieron con los requisitos de ley, como un plan de actividades, no tener procesos pendientes ni ser reincidentes, entre otros.
A través de este programa, las y los ciudadanos que vivieron discriminación, enfrentaron la pobreza en sus comunidades y no tuvieron oportunidades de desarrollo o no contaron con la defensa adecuada, pueden hoy ser partícipes de un acto de justicia del gobierno.
El documento cita el ejemplo de un hombre de 38 años, perteneciente a la comunidad indígena Rarámuri, que desde niño enfrentó discriminación por el uso de su lengua materna y se dedicaba a la tala de árboles y pizca de manzana en Chihuahua.
Su familia vivía en la pobreza, por lo que nunca recibió una visita, una carta o apoyo económico durante su estancia en reclusión, es primodelincuente y enfrentaba una condena de 12 años de prisión, pero 2 años antes de cumplir su condena obtuvo su libertad.
A través de la Ley de Amnistía, ha sido posible otorgar la libertad a 136 personas, de las que 66 estaban en pobreza, 42 son mujeres, 21 son indígenas, 2 tienen discapacidad permanente, 4 son víctimas de intimidación y 1 víctima de discriminación.
Con acciones como estas, se avanza en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa, concluye el informe.
