Pos una vez más, los actores que deberían velar por los intereses del pueblo mexicano se unen en una cruzada que amenaza con frenar los cambios necesarios para el desarrollo del país. El Poder Judicial, junto con la oposición política, ha levantado su voz, pero no en defensa de la justicia ni de la democracia, sino en una clara oposición a las reformas que beneficiarían a millones de mexicanos.
El paro indefinido iniciado este lunes por los empleados del Poder Judicial de la Federación no es solo una medida desesperada para proteger sus propios intereses, sino también un intento por frenar una reforma judicial que promete depurar y fortalecer nuestras instituciones. Bajo el grito de «Todos somos uno, y uno somos todos», este movimiento busca mantener el statu quo, resistiéndose a cualquier cambio que pueda desafiar los privilegios de una élite que ha operado durante demasiado tiempo sin rendir cuentas.
La protesta, que comenzó en las primeras horas de este lunes, es el resultado de una amenaza lanzada días antes por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed). La demanda: detener la discusión de una reforma que se perfila como un hito en la historia reciente de México, al proponer la sustitución de jueces, ministros y magistrados que han demostrado ser incapaces de cumplir con su deber de manera imparcial y efectiva.
Mientras tanto, la oposición, en un intento desesperado por recuperar el control político que han ido perdiendo ante el avance de la Cuarta Transformación, ha encontrado en esta resistencia judicial una causa común. La Marea Rosa, con su llamado a marchar en defensa de un «Poder Judicial independiente», no hace más que seguir la agenda de quienes, bajo el pretexto de defender la democracia, buscan perpetuar un sistema que ha servido más a sus propios intereses que al bienestar de la mayoría.
Y es que es fundamental recordar que la independencia del Poder Judicial es esencial para una democracia funcional, pero esa independencia no debe ser un escudo que proteja la corrupción, la incompetencia o la falta de transparencia. Las reformas propuestas, lejos de ser un ataque a la democracia, son un esfuerzo por modernizar y hacer más eficiente un sistema que necesita urgentemente ser revisado y ajustado a las necesidades actuales de la nación.
Resulta y resalta que el rechazo a estas reformas, tanto por parte del Poder Judicial como de la oposición, solo puede entenderse como un intento de mantener intactos los privilegios de una minoría. Mientras tanto, los millones de mexicanos que se beneficiarían de un sistema judicial más justo y eficiente siguen siendo los grandes olvidados en esta batalla.
Es hora de que el país avance hacia un futuro en el que la justicia sea verdaderamente accesible para todos, y en el que las instituciones no estén al servicio de unos pocos, sino de toda la nación. La Cuarta Transformación no debe detenerse ante las voces de aquellos que se oponen al cambio; al contrario, debe seguir adelante con más fuerza, asegurando que los beneficios de estas reformas lleguen a cada rincón de México.
