Pos a casi dos meses de haber sufrido una de las peores derrotas electorales en su historia, Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), vuelve a lanzar amenazas de movilizaciones. Esta vez, la senadora ha advertido que movilizará a la sociedad civil si el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgan a Morena y sus partidos aliados una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Su inconformidad, como siempre, parece ignorar una realidad evidente: la ciudadanía no está con ellos.
Y es que la narrativa de Gálvez y la oposición parece ser un eco constante de descontento y desacuerdo con los resultados que no les favorecen. En una entrevista reciente, Gálvez reclamó que Morena no merece más del 54% de los escaños que ganó en las elecciones del pasado 2 de junio, argumentando que quieren obtener el 75% de las curules a través de una interpretación amplia de la ley. Esta queja, sin embargo, se enfrenta a la realidad de que la mayoría de los votantes han depositado su confianza en Morena, no en el PAN.
La insistencia de la senadora en movilizar a los ciudadanos refleja una desconexión profunda con el sentir popular. La decisión del TEPJF sobre las elecciones presidenciales y la participación de Andrés Manuel López Obrador desmonta una vez más las afirmaciones de la oposición sobre una supuesta elección de Estado. El tribunal ha declarado improcedentes las impugnaciones presentadas por el PAN, PRI, PRD y la propia Gálvez, reafirmando que no hubo una intervención sistemática del presidente en el proceso electoral.
La senadora argumenta que el presidente López Obrador, cuando era opositor, impugnó un caso similar y exige que ahora se escuche a la derecha. Sin embargo, la diferencia crucial es que el actual gobierno ha contado con un respaldo popular significativo, algo que la oposición parece rehusarse a aceptar. La narrativa de fraude y manipulación se desmorona ante la realidad de una ciudadanía que, elección tras elección, ha mostrado su apoyo a la transformación que propone Morena.
Gálvez adelantó que buscará reunirse con la Sexta Magistrada electoral, Claudia Valle, y que espera que las autoridades electorales interpreten correctamente la Constitución. Sin embargo, su falta de confianza en estas instituciones y su disposición a movilizar a la sociedad civil si las decisiones no le son favorables, solo subraya su renuencia a aceptar la legitimidad del proceso democrático.
La exabanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México también lamentó, pues, que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, haya comunicado que la elección presidencial estaría calificada para el 15 de agosto, mientras que las autoridades electorales aún deben resolver más de 400 quejas presentadas ante el INE. Sin embargo, el proyecto de calificación del TEPJF ya establece que las denuncias sobre violencia generalizada, coacción del voto y otras irregularidades son improcedentes.
El órgano electoral ha dejado claro que no hubo una intervención sistemática y reiterada del presidente López Obrador en el proceso, y que las conductas denunciadas no permiten considerarlas como parte de una estrategia concertada. Este fallo es una prueba contundente de que la oposición ha utilizado la narrativa del fraude y la manipulación como una herramienta política, más que como un reflejo de la realidad.
Resulta y resalta que ya es hora de que la oposición, y en particular figuras como Xóchitl Gálvez, comprendan que su rechazo no es solo a una estrategia política, sino a un modelo de gobierno que ha demostrado ser efectivo y cercano a la gente. La insistencia en movilizaciones y amenazas de descontento solo perpetúa un ciclo de victimización y negación de la voluntad popular. La ciudadanía ya habló en las urnas, y aunque les duela, la realidad es clara: el país sigue apostando por la transformación que lidera Morena.
Hasta que la oposición no acepte esta realidad y empiece a trabajar en propuestas constructivas y verdaderamente representativas de los intereses de la ciudadanía, seguirán perdiendo relevancia y respaldo popular. Las amenazas de movilización y las acusaciones infundadas solo sirven para erosionar aún más su credibilidad y alejarse de una posible reconciliación con el electorado. La política debe avanzar y adaptarse, no estancarse en recriminaciones y desacuerdos perpetuos.
