Pos no deja de sonar un nuevo chisme político relativo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien sigue pagando las facturas políticas acumuladas durante el mandato de su predecesor, César Duarte Jáquez.
Esta relación, teñida de favores y compromisos políticos, ha dejado una estela de nombramientos cuestionables que ponen en entredicho su compromiso con una administración transparente y eficiente.
Resulta y resalta que el caso más reciente es el nombramiento de Guillermo Márquez Lizalde como Subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Márquez Lizalde, un operador político de Duarte sin experiencia en el ámbito educativo, ha sido designado a un puesto crucial para el desarrollo educativo del estado.
Y es que durante la administración de Duarte, Márquez Lizalde ocupó diversos cargos, desde secretario de Desarrollo Urbano hasta titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Su trayectoria está marcada por roles en seguridad pública y desarrollo urbano, pero no en educación. Esta designación evidencia una continuidad de prácticas clientelistas y la falta de meritocracia en los nombramientos gubernamentales.
Pero Márquez Lizalde no es un caso aislado. Los nombramientos de Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken también reflejan la influencia de Duarte en la administración de Campos Galván.
Serrano Escobar, excandidato a gobernador del PRI designado por Duarte, perdió ante Javier Corral en 2016 y ahora ocupa el puesto de subsecretario de Enlace de la Secretaría General de Gobierno. Por otra parte tenemos a González Mocken, exsecretario de Educación bajo Campos Galván, quien fue nombrado titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a pesar de no tener experiencia en el área de derechos humanos.
Estos nombramientos son preocupantes no solo por la falta de idoneidad de los designados, sino porque ilustran una tendencia de la gobernadora Campos Galván a mantener a figuras políticas asociadas con Duarte en posiciones clave. Esto sugiere que, a pesar de la promesa de un gobierno renovado y transparente, las viejas redes de poder siguen operando tras bambalinas.
La reciente liberación de César Duarte, resultado de una aparente componenda entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial de Chihuahua, añade otra capa de controversia. Duarte, acusado de múltiples actos de corrupción, sigue influyendo en la política estatal, lo que plantea serias dudas sobre la independencia y la integridad del actual gobierno.
Campos Galván enfrenta una encrucijada. Si bien ha heredado un complejo entramado político, su responsabilidad es con los ciudadanos de Chihuahua, quienes merecen un gobierno que priorice la competencia y la transparencia sobre las viejas lealtades políticas. Cada nombramiento que perpetúa las prácticas de sus predecesores es un paso atrás en la lucha por un gobierno más justo y eficiente.
En un estado que ha sido severamente golpeado por la corrupción, la gobernadora Campos Galván tiene la oportunidad —y la obligación— de romper con el pasado y forjar un camino hacia una administración verdaderamente democrática y transparente. Los ciudadanos de Chihuahua deben estar atentos y exigir cuentas a sus líderes, porque solo así se puede construir un futuro libre de las sombras del pasado.
Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.
Por eso somos los rompenueces.
