La filial mexicana de la multinacional neerlandesa Philips, señalada por vender respiradores defectuosos durante la pandemia de covid-19, ahora busca obtener del Estado mexicano un pago de 50 millones de euros, equivalentes a más de mil 81 millones de pesos, tras ser obligada a retirar los equipos defectuosos, denunció Eduardo Fuentes Celestrin, abogado de Healthcare Systems de México, distribuidora autorizada de la empresa.
Por casi 20 años, Healthcare Systems fue responsable de la distribución de los productos de salud de Philips en México. En enero de 2024, la empresa notificó a Philips que los ventiladores utilizados para asistir a pacientes con covid habían sido retirados en Estados Unidos y Francia por presentar fallas que podrían provocar lesiones graves, muerte súbita o incluso cáncer.
Ante la situación, Healthcare presentó en marzo de 2024 un recurso ante el juzgado séptimo de jurisdicción concurrente del primer distrito judicial en Monterrey, Nuevo León, para que se mantuvieran vigentes los contratos, debido a licitaciones en curso (expediente 214/2024). La autoridad judicial otorgó la solicitud, pero la filial mexicana incumplió la determinación. Paralelamente, la distribuidora interpuso denuncias ante la Secretaría de Hacienda, IMSS e ISSSTE para alertar sobre los riesgos de los ventiladores.
Posteriormente, Philips México buscó un acuerdo mediante mediación civil mercantil (MP-MCM/220/802/2024), registrado el 20 de junio de 2024 en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia con el número 71569. Sin embargo, la filial no respetó la cláusula sobre el retiro de los equipos, lo que llevó a Healthcare a solicitar la ejecución del convenio ante el juzgado vigésimo de lo civil de la Ciudad de México (expediente 1087/2024). En enero de 2025, el tribunal determinó el incumplimiento y sentenció a la empresa a pagar los daños reclamados.
Tras la pérdida de los casos, la matriz neerlandesa, Koninklijke Philips NV y Philips Radio BV, presentó el 8 de agosto de 2025 ante la Secretaría de Economía su intención de reclamar los 50 millones de euros al Estado mexicano, argumentando que el embargo de la filial en febrero de 2025 fue ilegal y arbitrario. Fuentes Celestrin calificó la maniobra como un intento de “doblar a las instituciones judiciales de México para que se sometan a los caprichos de Holanda”.
